Hace ya más de un año que Esperanza Aguirre, al abordar el tema de los trajes de Francisco Camps en una cena privada, donde había altos cargos institucionales del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ejecutivo central, dijo, según dejamos constancia aquí: 'Cómo sois los hombres. Si se hubiera tratado de una mujer, esas facturas nunca se habrían perdido. Pero para evitarle todo este problema al partido, que Paco las pague y se termina toda esta historia'. Pero Paco Camps no lo hizo, siguió adelante con su farsa y, es más, aprovechó su posición para intentar, por todos los medios, extirpar la causa en la Comunidad Valenciana. Y cuando lo había conseguido, vino el Tribunal Supremo y le echó agua al vino.

Ahora Aguirre, para rentabilizar su política de presentar listas limpias a las autonómicas, tras la depuración de cargos acusados en la trama Gürtel, ha vuelto a poner el dedo en la llaga, ocasionando una respuesta desairada tanto del PP valenciano como de la dirección nacional. Y ayer, en Antena 3, la presidenta de la Comunidad recordó aquella historieta y que lo mejor era abonar las facturas. 'Si se organiza este follón, yo lo hubiera hecho. ¿Qué se debe? Se paga y ya está. Pero aquí cada uno es cada uno'.

El Tribunal Superior valenciano pone fin a las maniobras judiciales de Camps

Ayer, la presidenta madrileña presentó el cohecho pasivo impropio (dádivas que un político recibe en un cargo) como un delito de aurora boreal, una tipificación penal posterior a la época en que ella estudió Derecho. Y en solidaridad con su partido, insistió en que no se acusa a Camps de enriquecerse.

Pero un día antes, el 26 de abril, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya había aclarado en un auto que no es ninguna cosa estrambótica. Se definía, por fin, el alcance de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo, al tiempo que remitía al juez instructor de la causa de los trajes, José Flors, la decisión de acumular, o no, los otros hechos, de los cuales, se entiende, la dádiva de los trajes no es más que la punta del iceberg.

Lo que sobrecoge durante la lectura del auto es que la inhibición parcial fue planteada por el juez Antonio Pedreira, del TSJCM, en julio de 2009. Va a ser pronto tres años. La narración de los hechos procesales permite saber en qué se invirtió todo ese tiempo. Al recibirla, el TSJCV ya había bajado el dedo pulgar para liquidar la causa, decretando el sobreseimiento libre, el 1 de agosto de 2009, y dejando en un cajón, de paso, un informe policial decisivo sobre las 'contrapartidas' de las dádivas en materia de favores, contratos y otras decisiones beneficiosas para la trama Gürtel.

Durante tres años, el PP utilizó en el Tribunal de Justicia de Madrid la institución de la acción popular no para acusar, lógicamente, sino para defender a Camps y que la inhibición parcial del juez Pedreira pudiera prosperar. El Partido Popular en Madrid y la defensa de Camps en Valencia obstaculizaron el procedimiento todo lo que pudieron. Y el colofón, coherente con toda la estrategia, ha sido invadir las listas para las elecciones del 22-M con imputados e implicados.

Como el Tribunal Supremo el pasado año, el TSJCV esta semana, ha demostrado que se puede manipular, obstaculizar y retrasar la acción judicial, pero no extirpar. Ahora empieza lo mejor.