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En busca de la ley electoral perfecta

Un estudio universitario propone un sistema que garantizaría la estabilidad de los gobiernos y una mayor proporcionalidad

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'Aquí lo tenéis'. Cayo Lara sacó una copia del informe de su carpeta con escepticismo, incrédulo aunque algo esperanzado. Se la entregó a José Blanco y Leire Pajín. La escena no es vieja. Es del 22 de abril, y ocurrió en Ferraz la sede federal de los socialistas, en el primer tête à tête de las ejecutivas de IU y PSOE desde 2008, cuando Lara se alzó con el liderazgo de la federación. Aquel informe albergaba el sueño eterno de IU: una propuesta de cambio de la ley electoral de 1985.

El texto, de 2009, lo firma el Grupo de Investigación en Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada, que dirige el catedrático y matemático Victoriano Ramírez. En la cubierta del documento, de 33 páginas, figura escrito, en letras grandes, el prospecto: Un sistema electoral ecuánime para el Congreso de los Diputados. Conforme a las recomendaciones del Consejo de Estado. No requiere cambiar la Constitución.

A IU-ICV le podría costar cada escaño seis veces menos que ahora con un nuevo modelo

Toda una declaración de intenciones, para 'vencer resistencias y evitar excusas', como subraya Ramírez a Público. El PSOE, que ya conocía el texto, prometió estudiarlo de nuevo. 'No da por cerrada' la revisión del sistema electoral, según interpretó IU. Los socialistas ligaron toda reforma al 'consenso' con el PP.

La propuesta del GIME conjuga 'una mayor proporcionalidad sin sacrificar la estabilidad'. Parte de los 'graves desequilibrios' que existen entre los votos conseguidos y los escaños asignados a cada partido. Dos ejemplos: en las generales de 2008, IU-ICV obtuvo 969.946 papeletas y dos escaños. Es decir, cada diputado le costó 484.973 votos. A UPyD el acta de Rosa Díez le valió 306.079 votos. En cambio, PSOE y PP lograron cada uno de sus parlamentarios por 66.801 y 66.740 sufragios. El precio para el PNV fue menor: 51.021 votos. El Consejo de Estado, en su informe de 2009, ya constató que la 'desventaja sufrida por los partidos de ámbito nacional menos votados puede resultar en algunos casos excesiva'. Y aconsejó buscar una solución.

El método biproporcional'

Socialistas y PP se niegan a cambiar el marco si no cuaja un «amplio consenso»

Ramírez y su equipo diseñaron la arquitectura de un nuevo marco electoral, apoyado en el llamado sistema biproporcional, y lo hicieron encajar en los límites de la Constitución.

Para empezar, se rebajan de dos a uno el número de diputados fijos por provincia. En total, habrá 50 parlamentarios inamovibles, más uno por Ceuta y otro por Melilla. Los 298 restantes hasta completar un Congreso de 350 escaños se adjudican según los habitantes por circunscripción.

Llegan las elecciones y arranca el escrutinio. Con la ley vigente, se asignan las actas por partidos en cada provincia según la fórmula D'Hondt. El reparto se hace una sola vez.

Con el método del GIME, se otorgan los escaños en tres fases, usando en las tres D'Hondt. En la primera, se asignan 300 actas según los votos obtenidos en cada circunscripción.

En un segundo estadio, se distribuyen 320 diputados (los 300 iniciales más otros 20) entre los votos recabados por cada formación en el conjunto del país. Así, partidos como IU o UPyD, que tienen sus votos muy dispersos por toda España, y no concentrados en una provincia como sí les ocurre a los nacionalistas ganarían representación. En la tercera fase, se adjudican 350 escaños (los 320 asignados y los 30 últimos). ¿Cómo? Se elevan al cuadrado los votos totales de cada fuerza. De este modo, se prima a los partidos mayoritarios y se asegura la gobernabilidad, evitando un Congreso fragmentado.

¿Y por qué biproporcional? Se debe a que falta una segunda tanda de reparto, también proporcional. Una vez se sabe cuántos diputados tiene cada partido, resta adscribirlos a las provincias. Si el PSOE, por ejemplo, logra 171 actas, hay que ver cuántas salen por Madrid, Soria o Murcia. Lo que se hace es dividir los 171 escaños entre las circunscripciones, utilizando para ello otra fórmula matemática, la de Sainte-Laguë, más justa.

Si se lleva el mecanismo a los comicios de 2008, el PSOE habría tenido 171 diputados y el PP, 141. IU-ICV obtendría 12 escaños. Cada uno le costaría 80.829 votos, seis veces menos que ahora. Así, se quedaría muy cerca del valor medio, ya que sentar a un diputado en las elecciones de 2008 requirió unos 70.500 votos.

El sistema biproporcional no es sólo teoría. Creado hace 21 años, se aplica ya en los cantones suizos de Zúrich, Aargau y Schaffhausen. En España, lo ha diseccionado el GIME de Granada, formado en su mayoría por matemáticos electorales. El grupo ha hecho pruebas con un Congreso de 400 diputados, ha modulado las variables y trasplantado el sistema a todas las elecciones desde 1977. Las victorias de UCD, PSOE y PP no cambiarían. Sólo en 1996 se habría achicado la distancia entre las dos grandes fuerzas y los socialistas habrían podido arrebatar la Moncloa a José María Aznar. Con socios, claro. Porque lo que sí logra este método es ampliar el abanico de alianzas. 'Los nacionalistas pierden poder, no representación. Y se recorta la prima del segundo partido en votos. Más justicia cuesta', aclara Ramírez.

El profesor trasladó en otoño el informe a PSOE, PP, IU y UPyD. Ahora el documento vuelve a estar en Ferraz. 'Le daremos una vuelta. También el sistema actual nos perjudica, pero si no hay consenso con el PP, nada', explica una dirigente socialista. De entrada, el PSOE tendría que estar dispuesto a reabrir el melón de la reforma de la ley en la subcomisión del Congreso. 'Ya cerramos este tema en marzo avisa un diputado del PP. No tendría sentido volver a ello. Reformar la ley precisa amplios consensos, y la propuesta de Ramírez tiene defectos e introduciría inestabilidad'.

Para David Ortega, miembro de la dirección de UPyD, 'los dos grandes partidos están jugando muy sucio con la democracia para seguir sometidos al chantaje de CiU y PNV y mantener el statu quo'. En IU, su secretario de Organización, Miguel Reneses, sostiene que es una cuestión de 'calidad democrática'. Además, con una ley más proporcional, IU 'pesaría más y haría más difícil que el PP llegara al poder'. 'Los dos grandes están cómodos con el sistema aduce Ramírez. No lo cambiarán si no hay presión mediática o una crisis electoral'. Y eso, hoy, es una posibilidad remota.