Era la obra imposible. Tres torres de 308, 266 y 220 metros de altura y bautizadas como Valencia, Castellón y Alicante, respectivamente. Y a sus pies, un bloque horizontal de ocho plantas con el nombre de Mar Mediterráneo. Así era el proyecto grandilocuente que el arquitecto Santiago Calatrava diseñó junto a la Ciutat de les Arts i de les Ciències de Valencia y que cifró en 15 millones de euros, equivalentes, según el contrato, al '60% del 7,5%' del coste de la obra, 335 millones. La Generalitat Valenciana, entonces gobernada por Francisco Camps, lo compró sin ningún pero y avanzó al arquitecto 2,6 millones 'como anticipo a buena cuenta y por razón de la documentación presentada'. El proyecto acabó en un cajón y los 2,6 millones en una cuenta de Calatrava, a quien jamás se le exigió responsabilidad alguna ni que devolviera el dinero.

'Es un hecho oneroso y escandaloso', manifestó ayer el diputado de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ignacio Blanco, tras acceder al contrato del anteproyecto, firmado entre la empresa pública Ciutat de les Arts i de les Ciències (CACSA) y el arquitecto. Un contrato que está 'plagado de irregularidades'. La más 'flagrante', según Blanco, se refiere a la 'dudosa viabilidad' del proyecto. Algo que queda explicitado de manera diáfana a lo largo de los 14 folios del contrato.

El contrato exoneraba del IVA a Calatrava si hubiera problemas legales

'Si el proyecto resultara viable...'. Así comienza una de las cláusulas que se refieren a los 'derechos y obligaciones de las partes'. Páginas atrás, la empresa pública explica que,para ejecutarse la obra, habría que modificar el plan parcial de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, el Plan General de Ordenación Urbana, las servidumbres aéreas de la zona y 'el sentido de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en conexión con la forma de adquisición de los terrenos por expropiación y compraventa'. '¿Como es posible que el Gobierno valenciano se gaste 15 millones de euros en algo que no saben si es viable y que llevarlo a cabo significaría una auténtica carrera de obstáculos?', se pregunta Blanco.

Otro de los aspectos 'llamativos' para el parlamentario de EUPV es la fecha en la que se firmó el contrato: 14 de septiembre de 2005. Según Blanco, existió un acuerdo verbal anterior, ya que Francisco Camps y su entonces consejero de Economía, Gerardo Camps, anunciaron el proyecto el 6 de noviembre de 2004.

El documento admite expresamente dudas sobre la viabilidad del proyecto

Posteriormente, según se reconoce en el propio contrato, se firmó una declaración de intenciones el 31 de mayo entre CACSA y Calatrava, quien, dos días más tarde, adjuntó una primera entrega de la documentación. 'Es escandaloso, ya que esto demuestra que el proyecto ya estaba redactado antes del inicio del proceso administrativo y, por tanto, lo han adjudicado a dedo', señala Blanco. El resto de los 15 millones están divididos en dos partidas de 6,2 millones a pagar el 15 de diciembre de 2005 y el 15 de diciembre de 2006, cantidades que, según Blanco, 'desconocemos si se han librado, aunque creemos que no'.

Existe, por último, un tercer elemento 'demencial', a juicio de Blanco. Se refiere a la exención de impuestos de la que goza el arquitecto y que aparece explicitada en el epígrafe del contrato que se refiere a la 'forma de pago'. CACSA exonera del IVA a Calatrava al entender que su domicilio está radicado en Zurich (Suiza). Además, el contrato explica que, si por alguna razón se debiera abonar el importe correspondiente al IVA, correrá a cuenta de CACSA. Algo que, según Blanco, contraviene la ley del IVA, 'ya que en su articulado deja claro que un arquitecto pagará los impuestos en función del territorio donde trabaje'.

Cabe destacar que el proyecto de la Torres no es el único sin ejecutar por el que Calatrava ha recibido dinero. En su plan del centro de convenciones de Castellón se embolsó 2,7 millones sin realizar obra alguna. Ambos casos guardan similitud con el proyecto fantasma de la Ópera de Palma, por el que el arquitecto se llevó 1,2 millones y por el que está imputado por presunta malversación y fraude a la Administración junto con el expresident balear Jaume Matas. El proyecto de las torres podría ir por el mismo camino, ya que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.