El Parlamento vasco aprobó ayer por unanimidad una propuesta para pedir a la Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo un informe sobre todas las víctimas de la 'violencia de motivación política'. En la iniciativa, se insta también al Gobierno de López a presentar antes de seis meses un plan para reparar su dolor.

Este asunto se trató en la Comisión de Derechos Humanos por una iniciativa de Aralar pactada con el PSE. Su aprobación puede suponer un paso hacia la unidad en un tema que no siempre ha generado sintonía entre los partidos.

De hecho, la iniciativa aprobada toma como base el informe presentado en junio de 2008 por el entonces director de Derechos Humanos del Gobierno de Ibarretxe, criticado entonces por el PSE y el PP. Ambos partidos rechazaron el documento, que identificaba 109 muertos y 538 heridos [la mayoría de los años setenta] a manos de las Fuerzas de Seguridad, agentes fuera de servicio, grupos parapoliciales y de extrema derecha. En el informe se hablaba también de 5.000 a 7.000 casos de torturas.

Entonces, el actual consejero vasco de Interior, el socialista Rodolfo Ares, dijo que dicho informe era 'una humillación a las víctimas del terrorismo y a cientos de policías, guardias civiles y ertzainas asesinados'. El PP pidió la dimisión del anterior consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.

Sin obviar el episodio de 2008, la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, se felicitó ayer por el pacto de los grupos para empezar a reconocer a las 'víctimas olvidadas'. El representante del PSE, Jesús Loza, manifestó que su partido 'no quiere reabrir debates del pasado, sino propiciar acuerdos en el futuro'. Y el portavoz del PP, Carlos Urquijo, admitió que 'es verdad que ha habido otras personas que han sufrido la violencia y que, quizá, por ser colectivos más pequeños han quedado fuera del enfoque'.