Todo sucedió cuando las camisetas de los diputados de Compromís y su capacidad para obtener espacio mediático hacían más daño al gobierno conservador valenciano que centenares de horas de trabajo parlamentario. Corría abril de 2013 cuando el asesor del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia y portavoz municipal de Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià, Giuseppe Grezzi, se tomó una foto luciendo una camiseta verde por la educación pública, ilustrada a su vez por una amiga con una caricatura de él representado como el azote político del gobierno local.

Este hecho no habría pasado de anecdótico si el PP no hubiera decidido interpretarlo como 'violencia de género' (por ser Barberá, que encarna al poder local en la caricatura, una mujer) y aprovecharlo para impulsar y aprobar en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, con los únicos votos a favor de de los 19 concejales del PP y de la alcaldesa Barberá, una Moción de Reprobación acusándole de mantener 'una conducta inapropiada para un empleado municipal'.

Sin embargo, la pasada semana, y tras una batalla judicial emprendida por el portavoz de Els Verds, la magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Valencia anulaba esa decisión al considerar que con la resolución se vulneró el derecho de libertad de expresión. 'Hemos de considerar superados los tiempos en que era exigible a los servidores públicos una lealtad acrítica', cita la jueza acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

'Desde el primer instante era evidente que la cacería tenía una base ridícula, pero eso no impidió que Rita Barberá y su equipo de gobierno la llevasen adelante y dedicaran toda su atención y esfuerzos a realizar un ataque a la oposición que más les erosiona y no a solucionar los problemas de los ciudadanos', ha señalado Giuseppe Grezzi.

El portavoz municipal de El Verds, que celebra que la Justicia le haya dado la razón, recuerda no obstante que la condena supone la nulidad de la moción y el pago de los gastos derivados del procedimiento y eso significa que 'las costas de la jugada de Barberá las pagaremos a escote todos los valencianos, porque dado que el condenado es Ayuntamiento, el dinero saldrá de la caja pública'. Frente a esta situación, Grezzi emplaza a Barberá y sus 19 concejales de Gobierno a que 'hagan un bote y lo paguen de su bolsillo'.

'Que además de los gastos a los que ha tenido que hacer frente la administración de justicia durante el procedimiento (el trabajo de los secretarios, jueza, fiscal, funcionarios, uso de las dependencias, etc...), los ciudadanos tuvieran que pagar las costas sería una nueva injusticia por parte de Barberá. Si la decisión de la moción la tomaron los concejales del gobierno del PP, con la alcaldesa Barberá a la cabeza, para satisfacer su desfachatez inmoral y cobarde, son ellos los que han sido reprobados por la sentencia y los que deben asumir su coste', sentencia Grezzi.

Tras la resolución judicial el grupo municipal de Compromís espera que Barberá acate la sentencia y pronuncie una disculpa pública, aunque esto último constituyera en Rita Barberá 'un hecho sin precedentes', según Grezzi. No obstante, éste no descarta que el Ayuntamiento siga sumando gastos a la factura municipal recurriendo la sentencia a instancias superiores. 'Si ahondan en la infamia, se exponen a poder ser acusados de utilizar dinero público para sus intereses partidistas, algo que creo que según la legislación vigente se considera como presunta malversación de fondos públicos. Pero confiamos que el severo castigo recibido los haga reflexionar, abandonen la sinrazón, la ceguera y se abstengan de profundizar en su descrédito', concluyó.

A media tarde ningún representante del gobierno municipal había realizado manifestación alguna sobre la sentencia.