La necesidad de cumplir el déficit en las comunidades autónomas está llevando a que varias regiones se planteen nuevos mecanismos de ingresos. Ahora, Cantabria se suma al 'céntimo sanitario', una medida que grava el precio del combustible.

Las primeras en aprobarlo fueron Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia, País Valencià y Asturias, comunidades a las que se sumaron Andalucía, Murcia y Extremadura. Desde hoy, Cantabria forma parte de esta lista de comunidades que asumen esta nueva forma de impuesto indirecto.

Cantabria ha pasado de no tener este recargo a asumir el máximo establecido -desde 1,2 céntimos a 4,8 céntimos sobre el precio del gasoil-, lo que supondría un total de 5,6 céntimos por litro de gasoil (4,8 céntimos más el IVA). Desde el Gobierno de Cantabria, presidido por Ignacio Diego del Partido Popular, aseguran que la recaudación será positiva.

El Plan de Reequilibrio en el que se incluye este impuesto no fija su vigencia, no ofrece un objetivo a cumplir concreto y valora la recaudación en 20,9 millones de euros anuales. En el texto, tampoco se recoge el destino de esta posible recaudación, un aspecto que critica la oposición, ya que no se asegura que lo percibido se emplee en gasto sanitario. Para conocer todos estos datos habrá que esperar a que se realice la Memoria Fiscal, un documento que tampoco tiene fijada una fecha concreta.

Rafael de la Sierra, del partido regionalista de Cantabria (segunda fuerza cántabra y líder de la oposición en esta autonomía), recalca este aspecto y critica el hecho de que no esté garantizado que la recaudación se destine a sanidad. 'Estamos de acuerdo en trabajar en el apartado de ingresos y reducción de gastos', pero creen que la forma de llevarla a cabo debe ser distributiva y progresiva, pues hay 'muchas personas que ya están muy tocadas por la crisis'. El Plan de Reequilibrio que contempla Cantabria también incluye aumentos en el agua o en las tasas de basura.

La oposición asegura que el efecto económico que va a producir este recargo autonómico 'no se ha tenido en cuenta'. El Consejo Económico y Social planteó varias dudas y alertó del posible 'efecto frontera', que consiste en que los turistas, ciudadanos o transportistas echen gasolina en comunidades autónomas cercanas que no tengan este impuesto. De la Sierra asegura que 'los efectos directos están poco estudiados', y continúa señalan que los indirectos no se han contemplado todavía.

Entre sus argumentos en contra de la nueva medida se incluye que Bruselas dictaminó en 2008 que este impuesto violaba la normativa europea, concretamente la Directiva 92/12 de la CDE. Sin embargo, esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que no hace jurisprudencia, ha considerado que el 'céntimo sanitario' se ajusta a las normativas europeas.

También argumentan que el sistema de devolución es 'muy complejo', por lo que creen que aquellos sectores que tienen derecho a hacerlo acudirán a otras comunidades a repostar para evitar reclamar este impuesto. Asegura que existe 'preocupación' al ver que esta implantación está 'muy mal fundamentada'.

Esta nueva forma de copago, que no garantiza una inversión en sanidad o en otro derecho social, sigue recibiendo críticas por parte de la oposición y de la ciudadanía afectada. Rafael de la Sierra valora que esta medida es 'un intento de aparentar que se hace algo' ante la urgencia de la reducción del déficit de las autonomías que ha impuesto el gobierno de Rajoy como tema prioritario, por delante de los derechos sociales de los ciudadanos.