El capitán del petrolero 'Prestige', Apostolos Mangouras, ha admitido que detectó 'corrosión' en los tanques de lastre del buque cuando asumió el relevo del barco en septiembre de 2002 -dos meses antes del siniestro marítimo-, pero descartó que hubiese 'rotura'.

A preguntas de la Fiscalía, que centró sus preguntas en las inspecciones realizadas al buque, Mangouras, que estuvo al frente del 'Prestige' como capitán en tres ocasiones, ha precisado que él no está 'capacitado' para determinar el grado de corrosión que podían tener los tanques de lastre.

Según ha declarado, él no participaba en las revisiones. 'No tenía nada que ver conmigo', ha recalcado Mangouras, quien, preguntado por qué en una de ellas el inspector no supervisó los tanques, el capitán ha indicado que 'tenía que verlos', pero que no le pidieron que los vaciase para poder inspeccionarlos.

El capitán del Prestige y principal acusado en el macrojuicio sobre la tragedia medioambiental que se ha reanudado en A Coruña ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, pero ha alegado que debido a su 'edad avanzada' (77 años) no respondería a las preguntas de todos los abogados personados en la causa, cuando se cumplen diez años de los vertidos de petróleo.

Sin embargo, el capitán del petrolero sí contestó a las preguntas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la defensa, así como a las de los letrados de las entidades consideradas responsables civiles de la catástrofe.

Además, Mangouras ha reconocido que el rumbo que se fijó para el barco cuando se supo que no podía ser remolcado fue 'el peor' de los posibles 'Nos han llevado en un féretro flotante a ahogarnos', ha subrayado a preguntas del fiscal, después de afirmar que se dio cuenta de que los llevaban hacia el 'océano' en lugar de a un 'puerto refugio'.

También ha negado que no hubiese colaborado con las autoridades españolas en plena crisis ecológica: 'Nosotros hemos contribuido con todo lo que hemos podido', dijo. 'Me trataron como un criminal', ha sentenciado.Asimismo, ha recalcado que, antes de dar el visto bueno al remolque, necesitaba hablar con el armador para que 'autorizase' la operación por su coste. 'No me dijeron que el 'Ría de Vigo' iba a remolcarlo sin coste, si me hubieran dicho que el remolque era gratis les hubiera dicho que sí', ha apostillado.

De nacionalidad griega, Mangouras se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. El hundimiento del barco y la 'marea negra' consiguiente se produjo a finales de 2002. El Ministerio Público reclama indemnizaciones por un total de 4.442 millones de euros.

Durante la celebración del juicio, activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta con fotos de los responsables políticos de la catástrofe, entre otros, el presidente del Gobierno y entonces vicepresidente, Mariano Rajoy y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ocupaba el mismo cargo en el momento del vertido.

En un comunicado, Greenpeace sostiene que la marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de la costa española 'fue debida, además de a las carencias en la responsabilidad en el transporte marítimo que, hoy en día, siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, a los fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones'. 

Durante la apertura del juicio en octubre, tanto el capitán como el jefe de máquinas solicitaron la nulidad del proceso, pero el juez la rechazó.

El tribunal rechazó también el requerimiento solicitado por la plataforma ciudadana 'Nunca Máis' , que reclamó la nulidad de la principal prueba pericial del juicio, que se refiere al estado estructural del petrolero, dado que la efectuó el ingeniero naval Santiago Martín Criado, ya fallecido, el mismo que estaba en el gabinete de crisis gubernamental que se constituyó tras el accidente y que dio por buena la decisión de alejar el barco de la costa. Fiscalía, Abogacía del Estado y Xunta de Galicia defendieron la validez de esta prueba pericial, que ha respaldado el tribunal.

Dadas sus dimensiones, el 'macrojuicio' se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos que ha sido necesario habilitar dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.

Está acusado en este proceso, además, el primer oficial, el filipino Ireneo Maloto, que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.

En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas. Para todos ellos se piden penas de prisión que oscilan entre cinco y doce años.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y, como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd y el Estado español.