La posibilidad de prohibir los toros en Catalunya la decidirán los 135 diputados del Parlament, según dictaminó ayer el Consell de Garanties Estatutàries . El 28 de julio tendrá lugar la votación que podría vetar las corridas de toros en la comunidad, después de la admisión de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

El Consell de Garanties Estatutàries, que se encarga de estudiar si las normas que van al Parlamento catalán se adaptan a la Constitución y al Estatut, se ha pronunciado así ante el recurso presentado por el PP. Los conservadores consideran que el Estado es el único órgano que puede regular el espectáculo taurino, pero el Consell ha decidido por mayoría que esta decisión es competencia de Catalunya.

Julio Añoveros, representante del PP en esta institución, ha sido el único que ha votado en contra, al considerar la Fiesta Nacional un 'fenómeno histórico, cultural, social, económico y empresarial'. Para Añoveros, la prohibición de las corridas invade varias competencias del Estado y es inconstitucional.

Ante esto, los juristas han argumentado que las corridas de toros son 'un espectáculo más' y remarcan que la Generalitat tiene la competencia 'exclusiva' en esta decisión y que al Estado le compete 'la actividad de policía administrativa'. El organismo recuerda que la mayoría de comunidades regulan los espectáculos taurinos en sus territorios. Y cita a Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid, que han elaborado sus propios reglamentos jurídicos. También Catalunya decidió, en el año 2000, limitar el acceso a menores de 14 años en las plazas, concluye el Consell.

Muchos sectores tildan la prohibición de un 'acto antiespañolista', cosa que no sucedió en Canarias. En 1991, el archipiélago aprobó la ley que vetaba las corridas de toros sin necesidad de debate. Antes de votar la norma, los canarios llevaban más de seis años sin celebrar estos festejos. Las tres únicas plazas de toros que hay en Canarias son usadas en la actualidad para otros actos festivos.

El Consell ha querido, además, aclarar algunos términos antes de que el Parlament dé su veredicto final, para evitar debates posteriores. Así, para quienes argumentan que el veto al toro supone una prohibición del derecho al acceso a la cultura, el Consell de Garanties Estatutàries sostiene que estos festejos son para algunos 'una manifestación de una expresión cultural', mientras que para otros resultan 'una crueldad con el animal, que se tortura públicamente'.

De esta manera, el ente renuncia a pronunciarse sobre 'la eventual dimensión artístico cultural que pueda tener la tauromaquia', y remarca que la prohibición de esta actividad, que se adopta en el ejercicio de una competencia exclusiva de espectáculos, 'no comporta una lesión a los derechos de los ciudadanos en el ámbitode la cultura'.