Igual que con los tijeretazos en Educación y Sanidad, la Generalitat también recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de reforma de la Ley de Dependencia -elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-. ¿El motivo? Según el Govern catalán, el nuevo tijeretazo de Ana Mato invade sus competencias y lo considera 'un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las comunidades autónomas (CCAA)'.

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluis Cleries, ha confirmado hoy que el Govern presentará el recurso y ha hecho una valoración de la reforma de la norma, que ha calificado de 'engaño a las CCAA y a los ciudadanos'. 'El Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros', ironizó.

Cleries recordó que el año pasado la Generalitat ya aportó el 70% del coste de los servicios y prestaciones de la Ley de la Dependencia en Catalunya (906 millones), mientras que el Estado sólo aportó el 20% (258 millones), cuando la ley establece que ha de ser al 50%. El copago supuso el 10% restante (122 millones).

El nuevo decreto, que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto, también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades. Ello  supondrá a las autonomías, según los cálculos del conseller Cleries, que de 258 millones de 2011 se pasaría a unos 128.

Esta cifra significa unos 76 millones menos, casi un 30% de ahorro para el Estado, dato que el conseller Cleries considera que es 'desentenderse y declararse en retirada de la ley'. Pese a ello, el conseller ha asegurado que 'la voluntad del Govern es que los cambios del Estado repercutan lo menos posible en la ciudadanía'.

En este sentido, Cleries, que había planeado un aumento de aproximadamente del 3% del copago de los servicios de la Ley de Dependencia a partir de septiembre, tendrá que esperar a que se publique el decreto estatal -que también incrementará los copagos- para ver como afectarán y si tendrá que prever un aumento mayor.

'Esta ley ya nació mal financiada y mal dimensionada de inicio', ha recordado el conseller, que culpó al anterior gobierno tripartito de no haberla recurrido al TC por invadir las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que tiene Catalunya.

Cleries aseguró que la Generalitat seguirá destinando los mismos recursos que el año pasado a la Ley de Dependencia 'porque lo más importante es la atención a las personas'. También estimó en 57.083 las personas que se verán afectadas en Catalunya por el retraso (hasta 2015) previsto en el nuevo decreto para cobrar las prestaciones para las personas dependientes de grado I (el más leve).

Respecto a la nueva estructura de la ley, que elimina los niveles de valoración y sólo deja en grados I, II y III (leve, moderado y severo), Cleries opinó que 'puede resultar más ágil para la gestión, pero resulta poco beneficiosa para los usuarios'. 'Al unificar los criterios se redondea a la baja la prestación correspondiente', detalló.