La Costa Brava es uno de los parajes naturales más valorados del territorio catalán, y por ello, uno de los más explotados por las grandes fortunas. Este privilegiado paisaje mediterráneo se ha visto asolado por la construcción de segundas residencias para las élites y la explotación turística. Durante los últimos años, las plataformas ecologistas lograron el compromiso de la Generalitat para crear un nuevo Pla Director Urbanístic (PDU) que lograra restringir los espacios urbanizables y parar proyectos aprobados o en marcha.

Después de dos moratorias y más de dos años desde el inicio del proceso, la Costa Brava goza de un nuevo PDU que ha logrado evitar la construcción de 15.000 viviendas. La otra cara de la moneda son las otras 16.000 viviendas que podrán tirar adelante. Los ecologistas valoran "el primer paso" de la Generalitat y señalan la responsabilidad de los ayuntamientos, que también tienen algunas competencias. Por el contrario, varias administraciones locales no son proclives a desclasificar más territorio y otras se muestran contrarios a partes del PDU. 

Un escudo contra la especulación

El PDU ha incluido todos aquellos municipios que no cuentan con un planeamiento municipal adaptado a los criterios del Plan Territorial Parcial de les Comarques Gironines. Esto incluye hasta 17 municipios, lo que ha supuesto una revisión de 201 suelos donde se podrían haber llegado a construir hasta 31.000 viviendas. La exclusión de 86 parcelas que pasarán de ser suelo urbanizable a espacios abiertos es lo que evitará la construcción de la mitad de las viviendas que estaban previstas, según la Generalitat. 

"Tossa de Mar iba a crecer en unas 900 viviendas. Con el PDU, tan solo perdemos 125, que es muy poco, pero nos ayuda a preservar la belleza del patrimonio paisajístico", cree Ramón Gascons (Endavant Tossa), actual concejal del municipio. Entre las descalificaciones más históricas está la de Cala Morisca, un espacio amenazado multitud de veces. "Hacer grandes urbanizaciones con chalets o segundas residencias que aportan movimiento 30 días al año vendiéndose el paisaje no compensa", añade. 

Como Cala Morisca, también se ha atendido la demanda histórica de desclasificar la Cala Banys, en Lloret, un enclave con menos protagonismo mediático. "Se trata del último pinar que queda entre la playa de Fanals y la de Lloret. Querían construir un hotel de 10.000 m2", explica Jordi Palaudelmas, de SOS Lloret. Lamenta que el PDU "se queda corto" por, entre otras cuestiones, no haber abordado el proyecto de la C-32: "Es un detonante para la especulación que tiene un impacto paisajístico enorme".

Presión a los ayuntamientos 

La plataforma SOS Costa Brava cree que el PDU es un "primer paso", pero aún se está lejos de proteger la costa. "El PDU demuestra que sí que se podía desclasificar terrenos urbanizables, algo a lo que se habían negado los ayuntamientos, pero se queda a medio camino", reclama el abogado de la entidad, Eduard Ribot. Parte de estas renuncias se deben a las compensaciones millonarias que se podrían derivar de un pleito judicial a causa de más desclasificaciones, algo que la Generalitat ha querido evitar.

Después de este PDU, ahora la pelota la tienen los ayuntamientos, que deberán revisar sus planes municipales para adecuarlos a la nueva normativa. Es entonces cuando los municipios también podrán evitar que proyectos urbanísticos tiren adelante alegando el interés natural de una zona: "Cualquier ayuntamiento tiene derecho a variar el planeamiento. Eso es lo que les exigiremos a Palafrugell, Tamariu, Platja d’Aro o Palamós", con zonas desprotegidas por el PDU, según explica Ribot, quien apunta que SOS Costa Brava presionará para proteger los pinares costeros. 

Pero no todos los ayuntamientos están dispuestos a desclasificar. La alcaldesa de Begur, Maite Selva (JxCat), dice que "acataran el PDU", aunque hubiera preferido que redujeran las zonas urbanizables en vez de descalificar. Hablamos con ella el día que un juzgado paralizaba las obras de una vivienda aislada en el Puig de Montcal, paraje natural de la Red Natura 2000, por su interés ecológico e irregularidades en la licencia: "Presentaremos recurso". Sobre si el ayuntamiento desclasificará más zonas reclamadas por los ecologistas, Selva afirma que no están dispuestos a parar las licencias: "No es que quiera construir más, es que no puedo decir que no donde sí que se puede".

Por su parte, el alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC) asegura estar de acuerdo con el PDU y su filosofía, aunque tampoco se presta a desclasificar más suelo: "Si el PDU no ha desclasificado es que lo que tenemos como urbanizable se adecua a la normativa". De hecho, el PDU no ha desclasificado ninguna zona de Palamós, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell y Castelló d’Empúries, al considerar que sus planes municipales ya se adecúan a la normativa ambiental.

Irene Gisbert, de SOS Palafrugell, no piensa lo mismo: "Los POUM [los planes urbanísticos municipales] no siguen las leyes ambientales". En su municipio siguen batallando por la protección de Aigua Xelida, la montaña de Sant Sebastià, y contra los proyectos en el Cap roig y del Golfet, ambos judicializados. Cree que a los ayuntamientos les falta "valentía" para confrontar una mirada cortoplacista: "En Palafrugell hay quien vive del mantenimiento de casas fantasmagóricas que necesitan servicios semanales a pesar de que durante 10 meses no las ocupa nadie. Luego también están aquellos que poseen los terrenos y que hacen una fortuna construyendo, que ejercen una gran presión", alega.

Otro de los motivos por los que Jordi Palaudelmas cree que los municipios sucumben a la fiebre del tocho es la falta de recursos, que convierte las licencias de obras en una forma fácil de hacer dinero. A esto se le suma las necesidades específicas de los pueblos turísticos, que se ven solos asumiendo una gran población flotante: "Tienen una serie de necesidades extra para llegar a las urbanizaciones turísticas. Estas son las conexiones por carretera, alumbrado o recogida de basura, entre otras". Todo ello para urbanizaciones dispersas, lejos del núcleo municipal, con pocos habitantes y que asumen pocos impuestos. Los ayuntamientos absorben estos costes con sus presupuestos municipales, un modelo que malbarata recursos durante todo el año para disfrute de unos pocos durante unos pocos días.

Integración paisajística 

Por útlimo, el PDU también establece una regulación para integrar nueva construcción en el paisaje de la Costa Brava que regula cuestiones como el número de plantas que pueden tener los edificios o las limitaciones de los proyectos según la pendiente del terreno. Algunos ayuntamientos han anunciado que presentarán alegaciones contra estas, puesto que creen que son ambiguas, como Palamós: "El plan actual hace que los ayuntamientos podamos aplicar criterios distintos para desclasificar", alega el alcalde Lluís Puig. Por el contrario, el abogado de SOS Costa Brava, Eduard Ribot, se muestra taxativo contra esta iniciativa que considera "lamentable": "Hay otras fórmulas, como pedir una circular interpretativa al Govern o hacer una consulta vinculante sobre las dudas que tengan".