Catorce parlamentos autonómicos se han sumado en los últimos días a las manifestaciones de apoyo al pueblo saharaui después de que, en la mañana del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad de Marruecos desmantelaran de forma violenta el Campamento Dignidad.

Aunque la intensidad de los manifiestos varía de unas comunidades a otras, todos los parlamentos autonómicos, a excepción de los de Catalunya, Castilla-La Mancha y Castillay León, han aprobado declaraciones institucionales en las que manifiestan su preocupación por la situación en el Sáhara.

En Euskadi, Madrid, Murcia y Navarra, la existencia en sus cámaras de intergrupos parlamentarios para la paz en el Sáhara facilitó la redacción de declaraciones institucionales que fueron posteriormente aprobadas por unanimidad.

En Aragón, donde hay en la Cámara regional una Ponencia Especial de Paz para el Pueblo Saharaui, la respuesta de las Cortes también se agilizó. Un día después de la ofensiva marroquí, los cinco grupos parlamentarios en la Cámara aragonesa hicieron un pronunciamiento conjunto en el que instaban a las autoridades marroquíes al 'respeto escrupuloso de los Derechos Humanos'. Sin embargo, el texto no hacía una mención expresa a los 'actos de violencia del Gobierno de Marruecos', como sí figura en las declaraciones aprobadas en Euskadi, Madrid, Murcia, Navarra o País Valencià.

El Parlamento andaluz, a propuesta de IU, también emitió una declaración institucional que fue suscrita por todos los grupos. En el texto, semejante al aprobado en Aragón, no hay reprobación directa al Gobierno de Marruecos, pero sí un pronunciamiento respecto a la solidaridad con las víctimas y la 'búsqueda de una solución justa y democrática' para el Sáhara.

En el Parlamento gallego, el BNG elaboró una propuesta de 'condena de los hechos', sin referencia a Marruecos, que fue aprobada por los tres grupos de la Cámara (PP, PSdG y BNG). La izquierda minoritaria también impulsó la declaración de condena del Parlamento balear. Bloc Per Mallorca presentó, el 9 de noviembre, un texto sobre la 'violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental', que fue aprobado por todos los grupos en la Cámara.

Dos días después, los conservadores del País Valencià presentaron un texto idéntico en les Corts, donde también recibió el apoyo de todos los grupos. La Asamblea de Extremadura, a propuesta de los dos grupos parlamentarios (PP y PSOE), también respaldó el 11 de noviembre una declaración muy similar a la que se había aprobado en Balears.

En Asturias, IU impulsó dos declaraciones institucionales de condena de los 'graves acontecimientos' en el Sáhara Occidental, que fueron apoyadas por unanimidad en la Junta de Portavoces del Parlamento.

El mismo día del asalto por parte de las fuerzas marroquíes al Campamento Dignidad, el presidente del Parlamento cántabro, Miguel Ángel Palacio, comenzó la sesión plenaria leyendo una declaración institucional en apoyo al pueblo saharaui, que había sido promovida por los tres grupos con representación en la Cámara.

Los parlamentos de Canarias y La Rioja también han secundado declaraciones de solidaridad con el pueblo saharaui y de 'depuración de responsabilidades' tras los sucesos.