La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este martes que las comunidades autónomas calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto en sus cifras de déficit de la devolución del impuesto asociado a las hipotecas en caso de que el Tribunal Supremo decida que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años.

Durante su intervención en el Foro Cinco Días, la ministra ha subrayado que el Gobierno tiene preparado un "plan" en caso de que la sentencia sea favorable a los compradores de vivienda, de manera que se coordinen las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras.

Asimismo, este plan también contempla el potencial impacto de que estas devoluciones, aunque sean temporales, afecten al déficit público, es decir, que coincida con la reclamación a las entidades financieras para que el déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas. 

Montero ha explicado que el impacto en las arcas públicas en el espacio que iría desde que los afectados reclamen a las comunidades el impuesto y la Administración haga lo propio a la banca (en el que el Estado se encargaría de abonar temporalmente las cantidades) sería de en torno a "cuatro o cinco décimas" de PIB, y por tanto podría poner en riesgo la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) en el que lleva inmersa desde 2009 y del que se prevé que salga este año al situar su déficit por debajo del 3% del PIB.

La titular de Hacienda ha indicado que si se produjese dicho impacto, el Gobierno hablaría con Bruselas para que tenga en cuenta que esa desviación no obedece al Estado sino a esta circunstancia sobrevenida. En cualquier caso, desde Hacienda confían en que en el fallo se refleje con nitidez el pronunciamiento para acometer las actuaciones que correspondan.

En declaraciones a los periodistas antes del acto, Montero ha dicho que el Gobierno está "expectante" por el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), si bien ha avanzado que el Gobierno tiene estudiados los "distintos escenarios".

El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo lleva desde el lunes reunido para analizar la doctrina de la reciente sentencia que considera que la banca debe asumir el pago del AJD de las hipotecas, y no el cliente.