"Los cerebros del 11-M están en la cárcel o muertos"

Desde hace diez días se ha situado en el centro del debate político y mediático la sentencia de la masacre del 11-M que, según el fiscal general del Estado, ratifica las tesis de la acusación pública durante todo el proceso.

¿Qué le ha parecido la sentencia del 11-M?

Como fiscal general del Estado estoy muy satisfecho. Primero porque se ha puesto de relieve un buen funcionamiento de la Justicia, con una sentencia técnica y rigurosa, después de un juicio transparente y un plazo razonable, que da respuesta a los principales interrogantes. En segundo lugar, las víctimas y la sociedad han obtenido respuesta al grave atentado y pueden descansar con mayor tranquilidad. En tercer lugar, como ministerio fiscal nos habíamos comprometido en que antes del tercer aniversario se celebraría el juicio y antes del cuarto habría sentencia, para que nadie pasara el límite de la prisión provisional y tuviera que quedar en libertad y se ha cumplido.

¿Se aclaran todas las dudas?

Aclara lo más relevante. En cualquier hecho hay que contestar a las seis preguntas clásicas: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Entiendo que las tres primeras ya estaban respondidas, las otras tres se responde adecuadamente en la sentencia: los autores del hecho son los 21 condenados y los terroristas que se suicidaron en Leganés. Se dice claramente que en la organización participó exclusivamente el terrorismo islamista, en absoluto ETA o cualquier otro grupo, y el por qué y el cómo se explican con la forma en que se obtuvieron los explosivos, la trama asturiana y la financiación por la venta de droga, la obtención de los teléfonos; el porqué está explicado desde el primer párrafo: un atentado del yihadismo internacional que actúa para luchar contra la civilización occidental, en el marco de un conflicto muy amplio, en el que España está inmersa.

¿Se cierra definitivamente la investigación?

Se cierra el aspecto central. No es una sentencia que pueda estar permanente en cuestión, es cosa juzgada y todo lo que establece en el hecho probado no puede ser modificado por el Tribunal Supremo y, por tanto, es definitivo. Respecto al yihadismo internacional las investigaciones continúan y en algún momento puede encontrarse a alguien con alguna participación y se seguirá adelante para completarlo, pero sin cambiar el núcleo.

Ahora se ha querido abrir el debate sobre la autoría intelectual, ¿qué le parece?

Todo los expertos que conocen el funcionamiento del terrorismo islamista destacan que, partiendo de unas líneas generales marcadas por Al Queda, que es el centro de la lucha, las células se han desarrollado de forma horizontal y con una cierta autonomía. Es un sistema que no es piramidal, sino de cierta autonomía de funcionamiento de las células. La autoría intelectual de un atentado de este tipo está en el propio islamismo y su concepción de la yihad. Si nos referimos a si los autores tenían capacidad para diseñar el atentado, es evidente que entre los fallecidos hay algunos que sí la tienen, como Lamari, El Tunecino o El Chino que fue el que organizó y puso en contacto a unos grupos y otros. La Fiscalía, además de los autores materiales, acusaba como inductores a tres personas vinculadas a la célula, sobre los que no había prueba material. La prueba en este tipo de terrorismo es muy difícil, siempre es indiciaria o circunstancial, creíamos que era suficiente, pero si el tribunal no queda absolutamente convencido se produce la absolución. Eso no quiere decir que no se corresponda la autoría material e intelectual con los condenados.

¿Por qué recurre la absolución de El Egipcio?

Si la absolución se basa en el indubio pro reo porque el tribunal no queda convencido es muy difícil plantear el tema en el Supremo y no se puede cuestionar directamente la autoría, pero vamos a recurrir porque creemos que la absolución como miembro de la célula terrorista no está jurídicamente fundamentada, porque se declara probada su pertenencia y las conexiones con los autores, se deduce que tenía conocimiento previo de la fecha del atentado y la sentencia por la que está condenado en Italia no es firme.

El PP se ha aferrado también a que no se menciona la guerra de Irak como causa del atentado.

La sentencia menciona la Guerra de Irak al relatar las motivaciones de El Chino. Es la persona que estableció la conexión para la búsqueda de los explosivos a través de Zuhier, conectó con Trashorras y la sentencia relata cómo en una conversación de El Chino con la mujer de Trashorras él justificaba los atentados del 11 de septiembre y expresaba su repulsa por las muertes que se producían en la guerra de Irak, que consideraba muertes inocentes y de las que culpaba al anterior presidente del Gobierno español. Es decir, de alguna manera en la sentencia sí se menciona que entre las motivaciones de uno de los terroristas más relevantes, Irak sí estaba presente. La sentencia no puede vincular directamente una actuación concreta porque no estamos en la mente de los terroristas y porque la actuación de los islamistas mezcla conflictos como el de Palestina, Afganistán, Irak... Todo ese sentimiento de rencor está detrás de la motivación terrorista y el tribunal no puede identificar una cosa como tal, pero sí la menciona.

¿Qué le parece la frase de José María Aznar sobre que los cerebros no están en "montañas lejanas y desiertos remotos?

Podrá ser un error decirlo, pero en sentido literal tiene razón: los cerebros del 11-M están muertos o en la cárcel, no están en montañas lejanas ni en desiertos remotos. Aunque no sé si eso es lo que quiere decir el ex presidente. Si se pudiese hablar de los inspiradores y sus motivaciones últimas están en Al Queda, el grupo terrorista del islamismo radical.

¿Ha favorecido o entorpecido el debate mediático y el juicio paralelo?

Hemos querido ser muy respetuosos con la libertad de expresión y en mi mandato se ha puesto relieve en el exquisito respeto de la Fiscalía con los medios, aunque en algunos casos pueda hablarse de abusos. Reclamo permanente un mayor respeto a las instituciones y al trabajo de los jueces, los fiscales y de la policía. No se puede sustituir la investigación judicial porque en un Estado constitucional cada institución tiene su papel y el de juzgar e investigar los hechos que se van a juzgar corresponde al poder judicial y eso hay que respetarlo.

Pero, finalmente, los jueces han dedicado parte de su trabajo y el resumen de la sentencia a rebatir esas dudas o agujeros negros de determinados medios.

Eso ha perjudicado la instrucción del sumario, porque en un trabajo de por sí muy difícil, que el juez ha realizado con rigor y profesionalidad, se veía permanentemente obligado a entrar en dos frentes distintos: el jurídico que le planteaban las partes personadas y el de una especie de frente mediático que tenía que ir contestando a las alegaciones que se hacían desde fuera del proceso. En España vivimos una situación inédita en Europa, sin posibilidad de comparación, porque en ningún país se produce esa permanente incidencia en la labor judicial.

La fiscal Olga Sánchez se quejaba el otro día en El País de la falta de apoyo de la carrera fiscal.

Cuenta con todo el apoyo del fiscal general y de la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia y comprendo su queja desde el punto de vista humano y personal, porque me consta el enorme esfuerzo personal y familiar que ha hecho y el desgaste permanente que ha sufrido del insulto y la descalificación.

¿Queda algún proceso abierto como el del ácido bórico, ¿qué posición mantiene la Fiscalía?

Eso es un daño colateral de toda la guerra mediática contra el proceso. Si miramos cualquier país europeo probablemente una fiscal como Olga Sánchez y un juez como Del Olmo serían reconocidos como personas indiscutiblemente valoradas por la dificultad del proceso al que han tenido que enfrentarse. Lo del bórico se ha sobredimensionado, es un tema absolutamente irrelevante, en la medida en la que el ácido bórico tenía importancia nula para la investigación y no hubo alteración con la más mínima relevancia. La Fiscalía no aprecia delito y confiamos en que el procedimiento se sobresea.

¿Cómo se puede explicar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

Como fiscal general no puedo dar explicación alguna. Un poder del Estado que tiene en la Constitución un mandato temporal fijo no puede permanecer más tiempo, es como si un Gobierno que temiera perder unas elecciones dejara de convocarlas y al pasar los cuatro años siguiera el Parlamento de manera indefinida y no se sometiese a las urnas. La Constitución establece un plazo inexorable de cinco años y hay una obligación de cumplimiento, porque el Consejo ahora no puede cumplir adecuadamente sus funciones y provoca desertificación del Tribunal Supremo con un número importante de vacantes, audiencias o tribunales superiores que no se han renovado y una falta de proyecto elaborado. La Justicia necesita atención permanente y constante y no puede estar en situación de congelación.

¿Y el Tribunal Constitucional?

Es muy preocupante. Todo empieza cuando se trata de convertir al TC en tercera Cámara para que resuelva por la vía de inconstitucionalidad planteamientos políticos y de enfrentamiento natural entre partidos y ante la perspectiva de no obtener el resultado previsto se inicia una estrategia de ruptura del tribunal. En lugar de defender las posiciones con argumentos se va contra el adversario, el jugador en lugar de ir a la pelota va a la espinilla del defensa y se inicia la recusación, primero de Pérez Tremps, luego contra la presidenta por escritos de su marido. Una fue estimada y se alteró el equilibrio que es muy delicado, porque tiene pocos miembros y porque el tribunal no tiene posibilidad de sustituir a los recusados y hay un sistema muy complicado de nombramiento. Se pone en peligro la legitimación del TC, porque la decisión la toma un tribunal mutilado e incompleto y su sentencia puede ser cuestionada. Hay una falta de responsabilidad al llegar a esta situación.

El otro frente de crítica a la Fiscalía ha sido el de ETA, ¿cómo explica su actuación frente al terrorismo?

Hemos actuado contra ETA con respeto a la legalidad y con el rigor adecuado. El problema que se ha planteado es inédito, porque siempre que un Gobierno intentó acabar con ETA, en una situación de debilidad de la banda, por vía dialogada hubo el respeto del conjunto de las fuerzas políticas y el debate se excluía de la lucha partidista y por tanto, en los anteriores procesos de diálogo nunca se cuestionó el papel de la Fiscalía. El papel ha sido el de continuar en su trabajo, en los procedimientos en marcha y valorar la situación de alto el fuego en aquellos aspectos que la ley permite tenerlos en consideración. Durante el alto el fuego la Fiscalía aumentó su actuación en las acusaciones contra ETA y en la celebración de juicios. Cuando las actuaciones no eran del agrado de los ámbitos políticos o mediáticos contrarios todo era sobredimensionado y presentado con fundamente político, cuando era jurídico.

Es evidente que la Fiscalía actuó de forma distinta con los dirigentes de Batasuna en el alto el fuego y después.

La persecución de Batasuna se realiza en función de la cooperación que puedan prestar a la lucha armada. Si se trata de una actividad política que da soporte al terrorismo es indudable que cambian las circunstancias cuando hay un alto el fuego permanente en el que la actuación política, de manera aparente, se encamina a consolidar el alto el fuego. La Ley de Partidos no priva a las personas del derecho a hacer política, lo que les impide es hacer política que favorezca la continuidad de las acciones terroristas. Si esas acciones han cesado de manera permanente, las acciones para consolidar el alto el fuego no son delictivas. La Fiscalía no cambia de actitud, persigue delitos, pero hay comportamientos que en un marco son delitos y en un marco diferente no lo son y no se pueden perseguir.

¿Por eso la Fiscalía se opone al proceso contra Ibarretxe y Patxi López y no persigue las reuniones con ETA para el proceso de paz?

Nunca es delito reunirse en sí mismo. Depende del objetivo de la reunión y si se celebra una reunión para preparar un acto terrorista es ilegal y perseguible, si se celebra dentro de conversaciones para consolidar el final de la actividad terrorista esa reunión no es delictiva. Por eso, las reuniones citadas no son manifiestamente de apoyo a una actividad delictiva y no son punibles.

¿Por qué no actúa contra ANV?

La Fiscalía ha instado la ilegalización de las diversas alternativas que se han presentado en cada elección y hemos entendido que estaban infiltradas por Batasuna. En las europeas, en las autonómicas, casi 400 candidaturas en las municipales, todo el partido nuevo que plantearon y que paramos su inscripción y todas las candidaturas de ANV, que es un partido legal que en sus estatutos establece el repudio expreso de la violencia, en las que acreditamos vinculación con Batasuna. El Constitucional dijo que la fórmula era jurídicamente correcta y que hubiera sido desproporcionado impugnar todo el partido porque hubiera candidaturas infiltradas. En un Estado constitucional se aplican las garantías y la jurisprudencia y en el momento en que estimemos que hay base suficiente para ilegalizar un partido lo haremos, pero no iremos nunca más allá de lo que nos permite el TC. El derecho al sufragio no se puede impugnar de forma generalizada.

¿Se arrepiente de haber pedido el secuestro de El Jueves?

En absoluto, estoy mucho más convencido y los hechos han venido a darme la razón.

¿Pero consiguió darle más publicidad?

Ese argumento es colateral y es un mensaje que encierra un chantaje. La mujer violada, mejor que no denuncie porque la publicidad del hecho le podrá ser perjudicial, la mujer maltratada mejor que se calle porque le puede ser más perjudicial y en este caso no se puede dejar de perseguir un delito porque la persecución le dé repercusión. La persecución de un delito de injurias en el momento de producirse se muestra como un hecho perseguible y rechazable. La decisión del secuestro fue finalmente judicial y ha sido ratificada.

¿Se vio una sobreprotección de la Familia Real?

No existe esa sobreprotección. El hecho delictivo al utilizar en la portada una imagen sexual explícita de una pareja sin su consentimiento es igual de injuriosa con los Príncipes que sí se hubiese publicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con su marido o a un rector con su mujer. Lo único que sucede es que el jefe del Estado y su familia no pueden querellarse como cualquier ciudadano y se establece que si hay injuria actúa el fiscal. En todos los países europeos hay protección penal del jefe del Estado y en ninguno se encontraría una imagen de sexo explícito de un jefe de Estado o su familia en una portada.