Las cesiones de Gabilondo aún no bastan al PP

El Pacto Social y Político por la Educación no contará con el apoyo del PP. Sin embargo, las 148 propuestas del texto presentado ayer por el Ministerio de Educación seguirán adelante, ya sea como un pacto global o como una reforma educativa. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, entregó ayer a las asociaciones educativas, comunidades autónomas y partidos políticos su propuesta final junto al compromiso del Ejecutivo de invertir 1.570 millones de euros en el próximo trienio para conseguir 12 objetivos.

La oferta económica del Gobierno y las nuevas cesiones en el documento hacia las demandas del PP hicieron que la oposición no mostrara una opinión tan uniforme como en anteriores reuniones. La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, que ejerce de portavoz de los conservadores, manifestó su "descontento" con un pacto que a su juicio no recoge sus pretensiones con "la libertad de los padres a elegir el centro donde educar a sus hijos". "Esto no es un pacto de Estado como el que se nos ha pedido", concluyó Figar.

Madrid y Castilla y León escenifican las diferentes reacciones en el PP

Sin embargo, a escasos metros, su homólogo en Castilla y León, y compañero de partido, Juan José Mateo, expresó su mejor disposición para pactar: "Le he traído al ministro cuatro propuestas con las que estamos totalmente de acuerdo. En los dos asuntos que nos distancian, como la educación en español y el impulso de la enseñanza pública concertada, veo grandes avances".

Mateo llegó a plantear la posibilidad de prestar apoyos parciales y diferir con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP: "Tenemos que estudiar el documento para llegar a una posición común, pero la propuesta avanza en aspectos clave", afirmó.

El texto propuesto ayer por el Gobierno es definitivo y deberá ser firmado o rechazado dentro de 15 días. "Esperamos que el PP se una. Y después, veremos quién puede decir sí. A partir de ahí, plantearemos si es más razonable presentar las medidas como una propuesta de reforma educativa liderada por el Gobierno o como un pacto", reflexionó el ministro después de una jornada en la que se reunió con cien representantes políticos, sindicales y sociales en 12 horas.

El ministro planea que las autonomías aporten al proyecto otros 1.570 millones

"El pacto no es un objetivo sino un medio", insistió Gabilondo. "Veremos si contamos con el apoyo mayoritario [de todos los grupos] a excepción de uno sólo", dijo. La falta de la firma del PP ha obligado al Gobierno a no poner por escrito el compromiso de que todas las modificaciones que precisen de la votación del Congreso sean aprobadas por dos tercios de los diputados.

El Gobierno espera que los planes propuestos en su mayoría destinados a frenar el fracaso y el abandono escolar sean financiados al 50% con las comunidades autónomas. La partida anual prevista es de 390 millones hasta 2013, a los que hay que sumar los 200 millones anuales que ya están comprometidos para los planes de educación de 0 a 3 años y el proyecto Escuela 2.0.

Educación incluye el concepto de libertad de elección que exige el PP

Los representantes del PP se quejaron durante toda la jornada de que el pacto propuesto no incluye el compromiso del Gobierno de garantizar por ley la libertad de elección de los padres del centro escolar de sus hijos. Es decir, un compromiso para que las comunidades estén obligadas a construir colegios concertados si los padres rechazan un colegio público.

Sin embargo, la propuesta número 81 del pacto propone "favorecer la libertad de elección de las familias", después de señalar que es necesario "asegurar la escolarización equitativa del alumnado".

El ministro ha señalado en varias ocasiones que todos los colegios "sostenidos con fondos públicos deben tener los mismo derechos y deberes" y que "no es justo que los colegios públicos matriculen al 90% de los alumnos inmigrantes o discapacitados", como ocurre en la actualidad.

Los sindicatos aplauden la prórroga para prejubilarse a los 60

El texto recoge el diagnóstico de medio año de debate educativo en el que la mayor parte de los participantes ha determinado que el principal defecto de la educación en España es que faltan graduados medios (Bachillerato o FP de grado medio) y eso debilita la formación de los trabajadores. Por eso, gran parte de las 148 propuestas giran en torno a facilitar la formación a lo largo de la vida, ya sea compaginándola con el trabajo o bien con programas de reenganche al sistema para aquellos jóvenes que hayan dejado de estudiar.

El punto fuerte contra el fracaso escolar un 30% de los alumnos no obtiene a su edad el título de ESO es el 4º de Secundaria doble. Habrá una vía reversible para los que quieran estudiar Formación Profesional de Grado Medio (FP) y otra para los que quieran ir al Bachillerato. El texto obliga a que todos los institutos ofrezcan las dos vías. Además, varias medidas garantizan que un trabajador sin título pueda convalidar lo aprendido en el trabajo por parte de un título de FP o de ESO.

Los representantes sindicales quedaron satisfechos con la propuesta porque recoge dos de sus reivindicaciones: una prórroga para las prejubilaciones de los profesores a los 60 años y un compromiso del Gobierno para aprobar el Estatuto del Docente en 2010.