El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó ayer una advertencia, en forma de declaración institucional, a las críticas que han suscitado estos días actuaciones judiciales. Y, especialmente, por los apoyos que de miembros del Gobierno ha recibido el juez Baltasar Garzón, que el viernes denunció 'una cruel campaña' por parte del PP para apartarlo de la Audiencia Nacional. El órgano encargado de velar por la independencia judicial no hizo ningún comunicado en apoyo del juez frente a los ataques que recibió por los conservadores mientras instruyó el caso Gürtel, salvo cuando reprobó a su vicepresidente, Fernando de Rosa, por decir que Garzón podría 'pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación'.

La declaración institucional no menciona ninguna actuación concreta, pero se refiere a 'las informaciones, comentarios y opiniones que vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional'. Es decir, los tres procedimientos abiertos por el alto tribunal contra Garzón y el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que denunciaba la 'cooperación gubernativa venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA'. El CGPJ ha exigido 'el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces'.

La nota se difundió un día después de que Zapatero alabase al juez

El domingo, el presidente del Gobierno rompió una lanza en defensa de Garzón. 'Sabemos de la valentía que ha tenido durante muchos años en la lucha contra la peor lacra de nuestro país: el terrorismo de ETA', dijo. Previamente, los ministros de Interior, Justicia y Fomento cuestionaron que se permitiera al principal acusado del caso Gürtel ejercer la acusación contra Garzón.

Aunque la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, negó que las palabras de Zapatero fueran a influir 'en la legítima labor' del Supremo, es fácil saber a quién se refiere el CGPJ cuando dice que 'entiende indispensable que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos'.

El CGPJ advierte del riesgo de un «efecto deslegitimador» de la labor judicial

Además, se señala que el desarrollo de la función judicial precisa de 'un sereno clima' que resulta 'difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces'.

El comunicado había sido precedido por unas declaraciones del presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Dívar, que salió en defensa de ambas instituciones. Y del escrito de alegaciones del juez Garzón para oponerse a su suspensión cautelar, en el que denunciaba una 'cruel campaña' del PP para 'depurarlo', con un objetivo último: acabar con la Gürtel.

De hecho, desde que Garzón empezó a instruir esta causa, el PP presentó hasta 19 iniciativas en su contra, en forma de denuncias, querellas en el Supremo y recusaciones. En sus alegaciones, el juez recuerda las declaraciones que hicieron el ex ministro del PP Federico Trillo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El primero decía que el juez 'actuaba con manifiesta ilegalidad'. La segunda afirmó: 'Garzón, si puede, me hace un traje a mí. Vamos a intentar que no ocurra'.

Ninguno de esos ataques mereció el apoyo del CGPJ, ni el juez Garzón solicitó su amparo. Ya lo había intentado con el anterior órgano de Gobierno de los jueces, cuando instruyó el caso del ácido bórico. El Consejo se lo negó alegando que ya no se encargaba de la investigación, porque le correspondía a la actual vocal del Consejo Gemma Gallego.

El único de los ataques que mereció una reacción del CGPJ fue el que recibió Garzón desde el interior del propio Consejo. Su vicepresidente, Fernando de Rosa, fue reprendido por 'perturbar' al juez y darle indicaciones en un procedimiento. El acuerdo ni siquiera mencionaba a Garzón, sino al Juzgado Central de Instrucción número 5. Por eso, la vocal Almudena Lastra no lo apoyó.

La declaración institucional se produce en un momento delicado para el CGPJ, que está siendo cuestionado por los jueces por su política de nombramientos y por la propia elección de los vocales que lo componen.

Por su parte, las asociaciones de jueces criticaron las palabras de Zapatero. Para la APM, fue 'inoportuno' y 'gravemente irresponsable', mientras que Francisco de Vitoria considera que 'nada ayudan a la independencia del Poder Judicial'. Jueces para la Democracia, en cambio, considera que no atentó contra esa independencia.

Hoy se reunirá la Comisión Permanente del CGPJ, de la que forma parte Margarita Robles, una de las vocales recusadas por Garzón. Fuentes del Consejo señalaron como lo más probable que la reunión se limite a pedir informe a los tres vocales que Garzón quiere apartar de la tramitación de su suspensión.