El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad conceder un plazo de diez días al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule alegaciones a la posible suspensión provisional de sus funciones al tener dos causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS).

La comisión alega razones constitucionales para oír a Garzón. En caso contrario, recuerda, se produciría indefensión. 'Tiene el mismo derecho constitucional que cualquier ciudadano', ha recordado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. 'No tiene nada de excepcional', ha agregado.

La comisión permanente, que el pasado martes acordó iniciar los trámites para proceder a la suspensión, acepta de esta forma la petición del juez de la Audiencia Nacional.

Se trata de la primera vez que un magistrado solicita trámite de audiencia al CGPJ antes de decidir sobre una suspensión.

La comisión permanente del Consejo inició los referidos trámites después de que el TS rechazara archivar la querella en la que investiga a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

No ha sido la única decisión adoptada por la comisión permanente. Peor parada ha salido la nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, Carmen, cuya petición para que el presidente del Consejo, Carlos Dívar, se abstuviera de decidir sobre Garzón porque en su día juró lealtad a Francisco Franco, ha sido archivada.

La comisión ha tenido en cuenta para archivar este asunto que se refiere a una causa de índole jurisdiccional en trámite ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por lo que el Consejo 'carece de toda competencia legal para entrar en el análisis de lo solicitado'.

La comisión permanente está integrada por el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra y los vocales nombrados a propuesta del PP Manuel Almenar y Antonio Dorado.

En el segundo acuerdo, Dívar ha sido sustituido por el vicepresdente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa.