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Dos científicos debatirán el futuro de la pesca en Gibraltar

El conflicto tendrá que resolverse antes del 30 de julio

JUAN JOSÉ TÉLLEZ

Los representantes de los pescadores españoles que faenan en aguas de Gibraltar se reunieron este lunes en Algeciras para decidir que un reputado científico andaluz, Ignacio Sobrino, dirima con la experta comunitaria Indrani Lutchman, la viabilidad ecológica de la pesca en aguas próximas al Peñón.

En cualquier caso, este conflicto que empezó a plantearse en marzo y que se recrudeció a comienzos de junio, debería concluir antes del 30 del presente mes, según fechan los interesados. Antes de ese día, las partes negociadoras tendrán que hacer públicas sus conclusiones y el futuro del sector que afecta a más de sesenta embarcaciones, en su mayoría con base en La Línea de la Concepción, aunque al menos seis radican en el muelle algecireño.

Durante dos horas, los pescadores españoles se reunieron en la sede algecireña de la Cofradía de Pescadores, tras los contactos bilaterales que se mantuvieron el pasado viernes en The Joshua Hassan House en Gibraltar, tras un contacto en el que ambas partes asumieron que existía buena voluntad mutua para alcanzar un acuerdo.

Se trataría de buscar una solución que satisfaga a las partes, pero para ello es necesario decidir si las artes pesqueras comprometen o no al ecosistema de la zona, en pos de lo que Pedro Maza, presidente de la Federación de Armadores y portavoz del colectivo, ha denominado "una gestión sostenible de los recursos". Quizá la solución final pase por un acuerdo distinto al de 1999 o al de 1991, actualmente controvertidos.

Están convencidos de que tanto las autoridades gibraltareñas como las españolas aceptarán el veredicto de ambos expertos. El problema estriba en reunirles y concertar una cita a partir de sus respectivas agendas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Indrani Lutchman se encuentra en Londres, por lo que se desconoce cuándo y donde podrá reunirse con Ignacio Sobrino.

En 1980, Sobrino se licenció en Biológicas en la Universidad de Sevilla, de la que es doctor desde 1993. En 1981, comenzó a trabajar para el Instituto Español de Oceanografía y su experiencia científica se basa, en gran medida, en el estudio y evaluación de los recursos pesqueros que se desarrollan en las aguas atlánticas de la plataforma africana (CECAF) así como del Golfo de Cádiz (ICES), contemplando tanto los referentes a estudios biológico de las especies explotadas -en especial, peces, crustáceos y cefalópodos- como la evaluación de los mismos.

Sus habilidades han sido puestas a prueba como representante de la Unión Europea en negociaciones pesqueras con Mauritania, Mozambique y Marruecos en su calidad de asesor científico. Al tiempo, ha llevado a cabo una treintena de campañas de evaluación de recursos demersales, tanto en el Golfo de Cádiz como en zonas del atlántico africano. Su colega Lutchman acumula catorce años de experiencias a escala internacional, al más alto nivel, en el análisis de bancos pesqueros y política medio ambiental a escala comunitaria.

En gran medida, su trabajo de campo durante los últimos años se ha centrado en la aplicación de las directrices comunitarias en materia medioambiental al ámbito pesquero, en aras de favorecer la biodiversidad y prevenir la extinción de especies como consecuencia de malas artes de pesca y otras agresiones contra el hábitat marino.

El proyecto de instalación de Amazon en Gibraltar, con naves de almacenamiento en La Línea de la Concepción, en el lado español de la Verja, se queda por ahora en un nuevo castillo en el aire. Y no sólo por las escasas facilidades que el Gobierno español prestaría a dicho propósito, sino por el hecho de que el propio gobierno gibraltareño resta importancia al anuncio formulado por su ministro principal, Fabian Picardo, durante una cena celebrada con periodistas españoles en el Peñón durante la noche del pasado 23 de junio. Con anterioridad, el líder gibraltareño también mencionó anteriormente a dicha empresa cada vez que se ha referido a las posibilidades de cooperación interfronteriza, actualmente rotas desde la desaparición del foro tripartito vigente desde 2006 hasta la victoria electoral del Partido Popular el pasado 20 de noviembre.

Tras la noticia aparecida en Público y de la que se hicieron eco otros medios a escala local y estatal, el Gobierno gibraltareño ha hecho público un comunicado en el que descarta cualquier tipo de contactos entre Amazon y Gibraltar, aunque asume los comentarios formulados por Picardo en la citada cena con periodistas españoles. Sin embargo, según recoge dicha nota, "estos comentarios referidos al uso de Gibraltar como base para el comercio electrónico se formuló en sentido general y Amazon fue usado solamente como ejemplo de este tipo de actividad".

El comercio electrónico, el E-Commerce, es clave para la política del actual ejecutivo que rige la Roca, hasta el punto de que el propio ministro principal asume las competencias en dicha materia. Gibraltar llevó a cabo una serie de modificaciones legislativas el 4 de mayo de 2000 para adaptar la regulación local a las normas de comercio electrónico vigentes en la Unión Europea, al objeto de estimular la radicación de empresas dedicadas a esta actividad tan tangible como virtual, en estrecha competencia con Irlanda, Malta y la Isla de Man, sus competidores más próximos por no hablar de gigantes asiáticos como Manila en Filipinas, Hong Kong en China y Singapur. Sin embargo, hasta ahora, la falta objetiva de espacio ha limitado sus operaciones en el Peñón a productos digitales incluyendo los servicios financieros, por no hablar de las editoriales y de numerosas páginas de internet dedicadas al juego y que llevan más de una década operando desde el Peñón. Una sola de estas compañías puede brindar hasta doscientos puestos de trabajo, aunque no siempre se cumple dicha estimación. Recientes modificaciones legislativas que se han puesto en marcha en el Reino Unido podrían terminar afectando a este sector del juego electrónico, crucial para la economía gibraltareña, por lo que el gobierno local y las compañías interesadas en mantener el actual estatus confían en modificar algunos aspectos del proyecto antes de que entre en vigor en diciembre de 2014.

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