Las claves de la posición de Sortu frente al terrorismo

Sortu ya es legal y, con el partido aún no inscrito ni constituido, los abertzales se han puesto manos a la obra con la creación de perfiles en las redes sociales y el anuncio de una rueda de prensa para mañana. Tras conocer la noticia, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha deseado hoy que la legalización lleve a Sortu a "imbuirse en los principios democráticos que vienen recogidos en los estatutos de la formación", una declaración de intenciones que hoy vuelve a la vida política.

"Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas". Con este párrafo, los estatutos de Sortu, registados en febrero de 2011, dibujaban una clara desvinculación entre el partido abertzale y la organización terrorista ETA.

La declaración de Sortu comenzaba con tres puntos básicos. El primero de ellos, la voluntad de contribuir a la "definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA". En los otros dos, se apunta a la "superación de las consecuencias de la violencia" en pro de la "justicia y la reconciliación de la sociedad vasca", así como al "reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias".

Sortu se comprometía de una manera "firme e inequívoca" a luchar por la independencia de Euskal Herria , pero por "vías exclusivamente políticas y democráticas". Además, dejaba claro que estas intenciones no estaban sujetas a "variables tácticas o factores coyunturales".

El documento fundacional de Sortu establecía que el funcionamiento y la estructura interna del partido estarían regidos exclusivamente por criterios de democracia interna. "Sortu se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutelas externas que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia", aclaraban.

La actividad externa, apuntaban, se desarrollaría "desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza". En este rechazo incluían de manera "abierta y sin ambajes" a ETA, en cuanto "sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".