El vicealcalde de la capital, uno de los altos cargos que denunció haber sido víctima de seguimientos por parte de empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid, el llamado caso de los espías, ha recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa al no encontrar indicios de delito. Según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, Manuel Cobo, mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, presentó su recurso el martes.

De esta forma, la suya se une a las impugnaciones presentadas por el PSM y por el diputado del PP Alfredo Prada, uno de los principales colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director del PP en el exterior.

Los recurrentes consideran necesario hacer más diligencias

La jueza Carmen Valcarce acordó el archivo del caso al entender que no podía acreditarse que ninguno de los imputados destinaran fondos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 'a actividades ajenas a la función pública'. Igualmente, el auto señalaba que no habían aparecido 'indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación'.

Manuel Cobo denunció haber sido víctima de espionaje los meses de abril y mayo de 2008. También lo hizo Alfredo Prada. En sus declaraciones ante el juez, el vicealcalde confirmó que los partes de seguimiento de los espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre coincidían con su agenda de actividades.

Ruiz-Gallardón rechaza introducir 'elementos de debate político'

El recurso presentado por el vicealcalde madrileño llega días después de que el Partido Socialista de Madrid (PSM) anunciara un recurso al archivo de esta misma causa. La principal queja de los socialistas estriba en que la jueza no ha tenido en cuenta su demanda de citar como testigo a la ex mujer del ex director del Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. En declaraciones a El País, Yolanda Laviana, que trabajó como secretaria de Esperanza Aguirre en su etapa en el Senado, reconoció que Gamón investigaba a Prada desde 2006. Y que reportaba a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Además, los socialistas madrileños consideran que el auto no ofrece ningún tipo de duda acerca de que se han producido los seguimientos. Con este punto de partida, sostienen que sí se ha hecho uso de dinero público para el espionaje a estos cargos conservadores. A diferencia del recurso de los socialistas, que se presenta ante la propia jueza instructora, el presentado por el vicealcalde de Madrid es de apelación ante la Audiencia.

Hoy, en rueda de prensa, Ruiz-Gallardón evitó echar más leña al fuego de este último elemento de fricción con la Comunidad de Madrid. 'Cuando se produzca una resolución definitiva por parte de los tribunales de Justicia, todos tendremos que estar a lo que diga esa resolución, pero mientras tanto no seré yo el que introduzca elementos de debate político en un asunto que está sometido a consideración judicial', dijo.

Frente a ese criterio, la comunidad mostró otro. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, admitió que Cobo, a quien la semana pasada exigió que pidiera perdón, 'está en su derecho de recurrir' el archivo, pero cargó contra el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban.

Tras el acto de toma de posesión del nuevo secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el consejero de Justicia acusó a Esteban de tener 'un largo historial en persecuciones y decisiones contrarias al PP, y favorables al PSOE'.

A su juicio, las declaraciones en las que Esteban explicó la forma de funcionar de la fiscalía, consistente en que, aunque la junta de fiscales de Madrid haya decidido no recurrir, el fiscal podía adherirse a los recursos presentados por las partes, son 'sorprendentes e inadecuadas'.

'Es curioso que diga que no se han podido acreditar los indicios de delito, pero que aun así haya que investigar más. Esto es absolutamente contrario a un Estado de Derecho', aseguró Granados. El PP madrileño tiene previsto presentar una queja contra el fiscal provincial de Madrid ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior madrileña.