El 21 de diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobaba a bombo y platillo su denominado código de buenas prácticas. Lo hizo con el objetivo de 'establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización', según recoge el primero de sus párrafos. Una forma de transmitir a la opinión pública que el partido no estaba dispuesto a tolerar más escándalos de corrupción como el caso Gürtel o el Palma Arena. Pero que no acaba de arrancar.

Ahora, a punto de cumplirse cinco meses desde que el comité ejecutivo nacional del partido diera luz verde a este nuevo código ético, que sustituía al aprobado por José María Aznar en 1993, su puesta en práctica está estancada. En la formación presidida por Mariano Rajoy justifican que el engranaje no será perfecto hasta que no se celebren nuevas elecciones, dado que algunas de las medidas por las que apuestan estos mandamientos éticos, como la realización de concursos públicos para los actos o la de la firma de la carta de compromisos por parte de los cargos públicos, tienen un vínculo más directo con los procesos electorales.

El apoyo a Camps, imputado por cohecho, atenta contra las normas

Pero lo cierto es que en ninguna de las 12 páginas de este documento se circunscribe la aplicación de su articulado a un momento determinado.

El incumplimiento más reciente de este código de buenas prácticas se está produciendo desde que el pasado miércoles el Tribunal Supremo decidiera reabrir la causa de los trajes contra el presidente valenciano, Francisco Camps.

El documento prohíbe aceptar regalos más allá de los usos sociales

Destacados dirigentes conservadores han empezado ya a restar importancia al hecho de que Camps esté imputado por cohecho, ya que presuntamente aceptó que los cabecillas de la trama Gürtel le regalasen trajes por valor de más de 12.000 euros. Y Rajoy mantiene inquebrantable su apoyo. Todo pese a que Camps pone en entredicho el punto del articulado que recoge 'la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales'. En su día, cuando el PP anunció este código, Ana Mato, vicesecretaria de Organización, insistió en que el texto 'va más allá de los requisitos que marca la ley'.

Según admiten en la dirección nacional del partido y en diferentes direcciones regionales, la parte más avanzada, en lo que a su aplicación se refiere, es la de la carta de compromisos, el documento que contiene 'obligaciones de carácter ético y deontológico' para los integrantes de las filas conservadoras. A día de hoy, ya descansan en el número 13 de la madrileña calle de Génova, sede nacional del partido, las cartas de compromisos de los cargos orgánicos. Las de los cargos electos no han sido exigidas hasta la fecha. Y tampoco se prevé. Será a partir de las próximas citas electorales cuando el PP demande a sus candidatos que rellenen este formulario en el que figura, entre otros aspectos, una declaración de bienes y actividades, la prohibición de aceptar regalos o el compromiso de comunicar a la dirección del partido la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional.

Las normas exigen publicidad para los contratos, pero el PPno aporta datos

El formato de este documento que los cargos del PP deben remitir firmado a la sede nacional es el mismo para todos y recoge, según las fuentes consultadas, 'cosas obvias, de sentido común para la gente que se dedica a la política'. 'No aporta ninguna novedad a lo que se venía haciendo anteriormente. Pero el partido se vio obligado a recurrir a esta fórmula para vender un lavado de cara ante las presiones mediáticas y políticas en plena ebullición del caso Gürtel', explica un dirigente regional.

El incumplimiento de las normas y observaciones incluidas en esa carta lleva, según el documento, 'la imposición de las sanciones previstas en los estatutos y en el reglamento del régimen disciplinario'. Hasta la fecha, el partido no ha hecho pública ninguna sanción a sus cargos en base a la no observancia de los principios de este nuevo código ético.

Tampoco hay rastro de ese documento en la página web del partido, una de las promesas con las que nació.

La web del partido no incluye aún la declaración de bienes de sus cargos

Otro de los puntos fuertes del nuevo código ético es el referido al procedimiento de contratación, gestado en un momento en el que la forma en la que las empresas de la trama Gürtel habían conseguido organizar actos de partido en Madrid y en la Comunidad Valenciana estaba bajo sospecha.

Tanto en la sede nacional del PP como en diferentes direcciones regionales aseguran que 'algunos' de los actos celebrados en los últimos meses se han adjudicado mediante concursos, pero no precisan cuáles. Y recalcan que, cada vez con mayor frecuencia, el partido está dejando de recurrira empresas externas para realizar este tipo de eventos.

De hecho, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el día de la presentación de este código que para la convención del partido que había tenido semanas antes en Barcelona no se había recurrido a ninguna firma ajena a la formación. Pero no se han dado más detalles.

Además de concretar las instrucciones internas de contratación, los conservadores tienen como tarea pendiente la constitución de las denominadas mesas de contratación del Partido Popular en los distintos ámbitos territoriales. Son estas las que deben velar para que estos procesos cumplan el código de buenas prácticas. También se echa en falta en la web del partido el apartado denominado Perfil del contratante, en el que deberían figurar las instrucciones a la hora de contratar publicidad, viajes y actos.

Fuentes de la formación consultadas por Público explicaron que próximamente se producirá un impulso en estos cumplimientos, una vez que José Manuel Romay Beccaría tomó ya el pasado lunes de manera oficial las riendas de la tesorería del partido en sustitución de Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel.

Al ex ministro también le ha correspondido la función de ejercer de auditor de prácticas internas velando por el cumplimiento de este código ético. Asimismo, está previsto que elija un nuevo gerente de su confianza en sustitución de Cristóbal Páez, algo que en Génova consideran que contribuirá también a avanzar en el cumplimiento de estas normas internas. En menos de un año, el partido se ha comprometido a hacer pública una auditoría externa.

El código de buenas prácticas que el PP aprobó hace casi cinco meses es la herencia del denominado código ético presentado por el ex presidente José María Aznar el 24 de abril de 2003, a raíz de los escándalos de corrupción que salpicaban a la Administración de Felipe González. En el citado documento de 1993 figuraba que 'más allá de las normas jurídicas, subyace en toda democracia un compromiso ético entre gobernantes y gobernados' que exige a los políticos 'especial dedicación a las tareas públicas que se le han encomendado en defensa de los intereses públicos'. Además, establecía la 'expulsión inmediata del partido' para quienes utilizasen 'el propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros'.