La Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, confirmó este viernes que aquellos centros educativos que separen al alumnado en función del sexo perderán las subvenciones, según el proyecto de ley Integral de Igualdad de Trato y no discriminación aprobado hoy en Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy esta ley que establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros para casos de discriminación. Según Pajín, el proyecto de ley, que se remite con carácter de urgencia al Parlamento, responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y para garantizar que nadie pueda ser discriminado.

Pajín ha reconocido que es una "ley compleja" porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y ha asegurado que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Pajín aclaró que "lo que propohne la ley es no subvencionar mediante conciertos a aquellos colegios que puedan discriminar" por las razones que en ella se contemplan, tales como nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad y cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Esto no significa que los colegios que ofrecen educación difereciada "vayan a desaparecer", precisó Pajín, simplemente que "el Gobierno dejará de subvencionarlos", agregó.

Asimismo, se refirió al Informe del Consejo de Estado sobre dicho texto, donde se asegura que esta norma "no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus propias convicciones" ni atenta contra "la libertad de enseñanza ni de creación de centros docentes", afirmó.

En su intervención, Pajín destacó además que se trata de "una ley integral, general, marco, de garantías y de derecho antidiscrimnatorio".

Se felicitó por el "amplio consenso" alcanzado durante la preparación del proyecto de ley, que recoge aportaciones del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, las ONG, el Consejo General del Poder Judicial, los sindicatos, las comunidades autónomas, las patronales CEOE y Cepyme y diversas entidades del movimiento asociaivo.

Aregó que la futura norma pretende aunar en un mismo texto toda la legislación antidiscriminatoria española y las directivas europeas dictadas en este mismo sentido.

El concepto "discriminación múltiple" se incorpora al ordenamiento jurídico

Se aplicará a personas físicas y jurídicas, en ámbitos tan diversos como el empleo y trabajo por cuenta ajena o propia; el acceso, promoción y condiciones de trabajo y formación en el empleo público; las organizaciones empresariales y profesionales; la educación, y el acceso a asistencia sanitaria.

Entre otras novedades incorpora al ordenamiento jurídico español conceptos como "discriminación múltiple", diferencia de trato no discriminatoria; acoso discriminatorio y discriminación por asociación y discriminación por error.

Finalmente, prevé la creación de la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como organismo independente para asistir a los afectados y establece las distintas sanciones según las infracciones.