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Un concierto difícil

CiU cree que para aplicar el sistema de cupo en Catalunya no hace falta cambiar la Constitución

FERRAN CASAS

Convergència i Unió ha situado como propuesta estrella en las próximas elecciones del 28-N la consecución de un concierto económico para Catalunya similar al que Navarra y las tres provincias vascas recuperaron en la Transición. Pero más allá del impacto político de la oferta, la idea ha generado también un debate jurídico.

Los padres de la propuesta defienden que es constitucional y que bastará con reformas legales de poco calado en el Congreso para que Catalunya recaude sus impuestos y pague al Estado sólo en función de los servicios que este le presta.

La jurisprudencia del TC y el fallo del Estatut complican el horizonte del concierto catalán

Pero entre los expertos consultados por Público sólo el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joaquim Ferret considera que 'no hay problema constitucional'. Discrepan de su visión el catedrático de Derecho Constitucional de la UAB Francesc de Carreras, su homólogo en la Universidad de Granada Francisco Balaguer y el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra Héctor López Bofill.

Para sustentar y defender la viabilidad y el encaje legal del concierto catalán, el responsable del programa electoral de la federación, el diputado Francesc Homs, ha escrito el ensayo Dret a decidir. Estació concert, que en los próximos días llegará a las librerías catalanas. El que fuera comisionado por Artur Mas para representar a los nacionalistas en la ponencia redactora del Estatut se extiende en argumentos jurídicos y políticos para contrarrestar las opiniones que, desde el PSC pero también desde círculos independentistas, niegan con vehemencia su viabilidad en el actual marco. Lo hacen con la Constitución y el Estatut en la mano y reforzados por la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó el autogobierno dejando clara la supremacía del Estado también en materia fiscal.

Homs, que admite el error de que en la Transición el asunto no fuese una prioridad, sostiene que se parte de una 'manipulación del principio de igualdad' y afirma que el concierto 'no está en la Constitución' y no debe ser, por tanto, exclusivo para los territorios forales. A partir de ahí aboga por que Catalunya deje de ser una autonomía de 'régimen común' y propone que en la próxima Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) quede fuera igual que ya pasa con los territorios forales. Es entonces cuando el Congreso debería aprobar una ley negociada bilateralmente estableciendo un régimen fiscal catalán singular.

Homs tiene soluciones y precedentes, como el traspaso de la competencias de tráfico a Catalunya, pero según los expertos hay serias dudas de que el concierto catalán superara los filtros de constitucionalidad del TC, que la sentencia del Estatut ha hecho aún menos permeables. Las dos grandes cuestiones son si la Constitución limita el concierto o es una cuestión de voluntad política y si Catalunya puede estar fuera de la LOFCA.

Es clave aclarar si la Ley de Financiación podría singularizar Catalunya o generalizar el foralismo

La Constitución, en la disposición adicional primera, no habla del concierto sino de 'amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales' y de la 'actualización del régimen foral'. Balaguer sostiene que el concierto vasco y navarro tienen anclaje constitucional. 'No lo nombra,pero a lo largo de los años se ha interpretado que los derechos históricos eran el concierto y las competencias de las diputaciones. Que se haya consolidado así puede ser discutible pero no es productivo decir que eso no tiene fundamento constitucional', avisa. Carreras también recuerda que la jurisprudencia ha consolidado el 'privilegio' gracias a la ambigüedad constitucional y Bofill tampoco duda del alcance de la actualización de los derechos históricos.

Sólo Ferret defiende que el asunto 'no es jurídico' sino de aceptación 'política y económica' y apunta que todo se resume a lo que se establezca en la LOFCA, 'que según el TC está por encima del Estatut, que había fijado un sistema de financiación que no abría la puerta al concierto'. En esta línea recuerda que, además, 'tampoco la Constitución dice que Catalunya deba ser de régimen común'. A partir de ahí es tan posible, según él, una ley diferenciada ad hoc o una LOFCA que generalice el concierto a todas las autonomías y que pactarían después su cupo (la aportación al Estado).

Una posibilidad que no comparte el resto. Balaguer recuerda que la Constitución y el Estatut hablan de la solidaridad y de un sistema global 'sostenible, equilibrado y que dé autosuficiencia', que el concierto catalán rompería, y presenta la LOFCA como un marco 'sujeto a los principios de la Constitución'. Carreras avisa que las leyes 'son de carácter general y aplicación para todas las autonomías', tal y como ha reiterado el TC en su sentencia del Estatut 'reafirmando la LOFCAy el régimen general'. Bofill asume que una LOFCA 'singular' ni pasaría el tamiz del TC ni recibiría 'el preceptivo visto bueno de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal'.

Bofill y Carreras chocan sobre si los derechos históricos son aplicables a Catalunya

Bofill y Carreras chocan sobre si los derechos históricos son aplicables a Catalunya. El primero recuerda que ya en los dictámenes del Consell Consultiu sobre el borrador de Estatut se aclaró que no procedía, a partir de la Constitución, aplicarlos al régimen fiscal y sí a derecho civil, educación o lengua. Así se hizo. Carreras y Ferret sostienen que con el redactado que llegó al Congreso 'con una visión más amplia del tema' (que después se recortó y leyó a la baja en el TC) sí habría sido posible desbrozar el camino al concierto. Bofill asegura que todo es cuestión de cambiar la Constitución. Una empresa que necesita del apoyo de PSOE y PP.

Haya o no concierto, todos coinciden en que el resultado no dependería del sistema en sí mismo sino del cupo que se acordara, entendiendo que Catalunya seguiría siendo solidaria. 'Si Euskadi pagara siete veces más de cupo el concierto no le saldría rentable', resume Ferret.

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