Condenadas tres trabajadoras de Barajas por introducir 44 inmigrantes ilegales

Tres trabajadoras del aeropuerto de Barajas fueron condenadas a a penas de cuatro años y medio de cárcel, por aprovecharse de su empleo para introducir a 44 inmigrantes de manera ilegal. Junto a ellas también fueron condenados los otros dos integrantes de la red a la que pertenecían, y que ha sido desmantelada. En total la red estaba formada por tres colombianos y dos ecuatorianas, y cobraba en total 6.000 euros a los inmigrantes que querían entrar en España.

En la sentencia hecha pública hoy, la Sección Tercera impone penas de cuatro años y medio de cárcel a la colombiana Mónica Marcela G.G., y a las ecuatorianas María Diana D.O. y Ana Lucía C.P., por aprovechar sus empleos, como repartidora de publicidad en el caso de la primera y de limpiadoras en los otros dos casos, para introducir inmigrantes en España a través del aeropuerto.

También ha sido condenado a cuatro años y medio el cabecilla de la red José D.Z., alias José Alberto, de origen colombiano.

Además, ha sido condenada a dos años y medio Dora María O.E., compañera sentimental del cabecilla, como colaboradora en los delitos.

La Brigada Central contra las Redes de Inmigración logró desarticular la red mafiosa en julio de 2007, después de que una de las víctimas denunciase los hechos. Durante los registros de la vivienda de José Alberto, en Durango (Vizcaya), se incautaron 6.500 dólares, 10.500 euros, 7,1 millones de pesos colombianos, copias de billetes de avión y resguardos de ingresos en diversas oficinas de cambio.

José Alberto se encargaba de gestionar la entrada en España de colombianos que no lograban conseguir el visado a través de las autoridades diplomáticas, y a los que les cobraban 6.000 euros.

Para ello contaba con la colaboración de su compañera sentimental, que no tenía conocimiento sobre el dinero recibido por la red.

La pareja compraba billetes de avión entre Bogotá y Tel Aviv, en Israel, con escala en Madrid. Una vez en el aeropuerto de Barajas, esperaban en la sala de tránsito de la T-4, hasta que eran sacados de allí sin pasar por los controles policiales, con la ayuda de Mónica Marcela, María Diana y Ana Lucía. Estas cobraban entonces a las víctimas 1.500 euros, una parte de los cuales enviaban al cabecilla. Entre diciembre de 2006 y junio de 2007, Ana Lucía introdujo a 6 pasajeros, María Diana a 34 y Mónica Marcela a siete.