El Congreso amplía en dos meses la misión en Libia

Cinco días después de que comenzase la operación militar en Libia en la que participa España, la coalición había impuesto la zona exclusión aérea. Ya se podía hablar de "nulo movimiento en el aire", explicó ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, en el Congreso de los Diputados. Ahora, los "aliados nos piden que continuemos con el mantenimiento" de esa zona de exclusión aérea para proteger a la población libia.

Con este argumento y la advertencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, de que más de tres millones y medio de personas podrían necesitar ayuda humanitaria en el país árabe, Chacón solicitó ayer a la Cámara Baja su apoyo al Gobierno para prorrogar dos meses más la participación de las unidades aéreas españolas en la misión y ampliar los cometidos de los militares "para proporcionar seguridad a los buques y aviones que participen en los envíos de ayuda humanitaria o labores de evacuación" en caso de que sean solicitadas por Naciones Unidas, la OTAN o la UE.

La petición del Gobierno fue respaldada casi por unanimidad, como el pasado 22 de marzo, cuando José Luis Rodríguez pidió al Congreso la ratificación de la participación española en la misión. Tras una largo debate en la Comisión de Defensa en el Congreso, la solicitud de Chacón recibió el voto favorable de PSOE, PP, CiU, PNV y UPyD.

Sólo encontró el rechazo del diputado de IU, Gaspar Llamazares, en nombre de la federación de izquierdas e ICV. El portavoz de IU explicó que no ampararía esta prórroga "porque no tiene amparo" ya que la propuesta "va más allá de la resolución de Naciones Unidas". Chacón señaló en su intervención que el conflicto "no tiene una solución estrictamente militar", y apeló a la política y la diplomacia para que ayuden a conseguir "una paz duradera en el país", donde Muamar Gadafi no tiene espacio: "El futuro de Libia debe escribirse sin Gadafi", dijo la ministra, apelando a que ha perdido toda legitimidad y debe abandonar el poder.

El coste de la misión

La ministra cifró en siete millones mensuales el coste de ampliar la misión de exclusión. Actualmente, cuenta con un dispositivo de cuatro cazas F-18 y un B-707 de abastecimiento en vuelo, y está desplegado 90 efectivos. La intervención en Libia durante los tres meses, incluyendo los medios dispuestos para el embargo naval, supondrá alrededor de 43 millones de euros a las arcas públicas. Chacón quiso resaltar ayer el esfuerzo de "racionalización" de gastos que ha hecho el Estado Mayor de la Defensa, ya que inicialmente había previsto que rondase los 50 millones.

El coste inicial estimado para el primer mes de la misión era de 15 millones de euros, a los que se añadían otros cuatro como contribución nacional al presupuesto de la OTAN. La ministra prevé que progresivamente se reduzca el número de salidas de la patrulla aérea, que se traducirán en un ahorro de hasta siete millones de euros.

Esto servirá para no alterar el presupuesto ni siquiera con la ampliación de efectivos materiales que anunció ayer Chacón. A petición de la OTAN, España incorporará un avión adicional de reabastecimiento en vuelo, una vez constatado el déficit en estos medios.

Los matices de la oposición

Más allá del acuerdo mayoritario alcanzado ayer, los grupos parlamentarios manifestaron sus discrepancias y recelos por cómo se está desarrollando la operación aliada y el futuro de la misión.

"Han utilizado un martillo para una operación quirúrgica", criticó Gaspar Llamazares (IU), que denunció los bombardeos a la población civil revelados por diferentes organizaciones humanitarias. "Exclusión aérea no es incursión aérea", remachó el diputado, que también cuestionó el uso que está haciendo el Ejecutivo de la resolución de la ONU como si fuese "patente de corso".

El diputado del PNV José Ramón Beloki apuntó que habría que reconocer que después de un mes "no han logrado los objetivos esperados". En este sentido, le dijo a la ministra que "no estamos donde ustedes preveían".

La diputada de UpyD, Rosa Díez, calificó de decepcionante la comparecencia de Chacón por haberse centrado en ofrecer sólo información exhaustiva sobre las labores realizadas por las fuerzas armadas. "Ha faltado análisis político (...) sobran diapositivas", espetó en su primera intervención, en la que también defendió que se llamen a las cosas por su nombre. "Lo que tenemos en Libia es prácticamente una guerra civil", dijo, en la que la comunidad internacional "se ha puesto de parte de unos.

En este sentido, la ministra subrayó que el "embargo es para todos" y que esto es uno de los principios claves de la misión. Por otro lado, señaló que se sentía en "la obligación" de detallar lo que están haciendo las tropas porque "cuesta dinero" que pagan los españoles.

Las cuentas esgrimidas por Chacón, sin embargo, fueron insuficientes para la portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, que pidió información más detallada. La diputada conservadora resaltó que tras un mes de misión "las incertidumbres son mayores" y que "la solución política está ahora más alejada". No obstante, expresó su "apoyo claro al Gobierno" en esta misión internacional.

Un discurso divergente del de José María Aznar, que hace unos días cuestionó la misión. Chacón no eludió esta cuestión en su turno de réplica. Tras afirmar que el expresidente tiene todo su respeto institucional, pidió al grupo parlamentario popular que le trasladasen el mensaje de que criticar "abiertamente decisiones que por casi unanimidad toma este Parlamento no es bueno por el país".

El armamento

Durante su segunda intervención, Chacón aprovechó también para responder al portavoz de CiU en la Comisión de Defensa, Jordi Xuclá, que pidió a la ministra que aclarase cuándo se vendieron a Libia las bombas de racimo que supuestamente se han utilizado en algunos bombardeos de las tropas leales a Gafafi. Tanto CiU como PSOE trabajaron en 2007 en la Ley de Comercio Exterior, cuya disposición quinta instaba al Gobierno a promover la prohibición las bombas de racimo, "especialmente peligrosas para las poblaciones civiles".