El Congreso debatirá si se despenaliza injuriar al rey

"La protección penal del prestigio de la Corona resulta desproporcionada en tanto en cuanto las sanciones penales y, especialmente, la privación de libertad no son ni necesarias ni adecuadas a tal fin". El Congreso debatirá una propuesta de ERC-IU-ICV que pide, en estos términos, despenalizar las injurias al rey. La Mesa de la Cámara, que es su órgano de gobierno, aceptó ayer a trámite esta proposición de ley de modificación del Código Penal para abolir el delito de injurias a la Corona.

La iniciativa fue presentada días después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo cuestionara esta figura penal al condenar al Estado a indemnizar al exlíder de Batasuna Arnaldo Otegi, que fue condenado a un año de prisión por calificar al rey de "jefe de los torturadores".

ERC, IU e ICV piden la eliminación de los dos artículos que privilegian al rey

El Tribunal europeo circunscribió esta declaración a la libertad de expresión del dirigente abertzale, tumbando así la sentencia de la Justicia española. Este derecho a la libre expresión es el que invoca también la propuesta de ERC-IU-ICV que, tras pasar la cribacon el tamiz siempre estrecho en materias relacionadas con la Corona será debatida en el Congreso antes del verano, si se cumple el calendario deseado por sus redactores.

"La incriminación de las injurias a la Corona supone también una agresión a la libertad de expresión", argumenta la iniciativa planteada por la izquierda minoritaria. "Cuando una institución sometida al sistema democrático necesita afianzarse acudiendo a la represión penal de la crítica que se le dirige, sencillamente, deja de ser reconocida como institución propia de un sistema democrático", sostiene la proposición.

El PP es el único partido de la Mesa que rechaza autorizar el debate

El PP fue el único partido que se opuso a la tramitación de la iniciativa en la Mesa están representados, además, PSOE, CiU y PNV. El partido mayoritario de la oposición trató de frenar la propuesta argumentando que, de acuerdo con las funciones que, a su juicio, le encomienda la Constitución, el Parlamento no puede ejercer funciones de control sobre la Jefatura del Estado que encarna el rey.

El aval del resto de grupos, socialistas y nacionalistas mayoritarios, permitió, sin embargo, que la iniciativa comience a rodar en el Congreso, aunque es previsible que su recorri-do sea fugaz, conscientes como son los partidos proponentes del rechazo que la modificación suscita no sólo en el PP, sino también, según advierten, en el PSOE.

La iniciativa se presenta tras el fallo de Estrasburgo a favor de Otegi

Su carga será, por tanto, pólvora mojada con un efecto más simbólico que real, como ocurre con cuantas iniciativas tratan de salir adelante en la Cámara con el rey como objeto de atención y de cuidada protección por parte de socialistas y conservadores.

La justificación de la iniciativa califica la protección penal a la Corona de "desproporcionada, innecesaria e inadecuada" acudiendo a elementos de fondo: "Lo propio del sistema democrático es buscar el reconocimiento social de sus instituciones por vías distintas de la represión", sostienen ERC, IU e ICV. En sus razones dejan claro su pedigrí republicano: "Históricamente se demuestra que cuanto menor es la solidez y el prestigio democrático de las instituciones, mayor es el recurso a su protección penal y a la inversa".

La extinción del delito de injurias a la Corona continuaría, según los partidos que la reclaman, la línea abierta en 1995 con la despenalización parcial del desacato, considerado entonces anacrónico.

La iniciativa se acomodará ahora en la lista de espera para ser analizada por el pleno del Congreso. Conseguirlo sería un éxito para sus impulsores, que ya lo intentaron y fracasaron en el intento, ya que no llegó a ser debatida en abril de 2008, recién constituida la actual legislatura en una propuesta que sellaron una semana antes de un simbólico 14 de abril.

Entonces, como ahora, la propuesta pedía la supresión del artículo 490.3 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de cárcel la calumnia o injuria grave contra la familia real, y del 491, que prevé multa de cuatro a 20 meses por insultos a la Corona en casos no previstos en el precepto anterior y de hasta dos años por utilizar la imagen del rey para desprestigiar la institución.