El pleno del Congreso de los Diputados aprueba este jueves la ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga, tras un debate con una fuerte carga ideológica que ha divido a la Cámara. 

La norma ha salido adelante con 189 votos a favor, 151 en contra y 8 abstenciones, con lo que pasa al Senado donde el PSOE quiere que se tramite por vía urgente para que esté en vigor el Primero de Mayo.

A falta de la votación, PP, Vox y Ciudadanos han planteado el debate como una dicotomía entre el derecho al trabajo y el derecho a la huelga, un argumento contestado por el PSOE, Unidas Podemos y el resto de partidos de la izquierda, que han defendido que ambos derechos fundamentales no son antagónicos.

Tanto PP como Vox y Ciudadanos se han mostrado partidarios de la existencia un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga.

Vox pedía además que se duplicaran las penas para volver a las establecidas en el Código Penal de 1995, que luego el Gobierno popular de Mariano Rajoy rebajó a la mitad en 2015.

El diputado de esta formación, Juan José Aizcorbe, ha clamado por una España con "trabajo, ley y orden", en la que no quede impune "la violencia en la que la izquierda se mueve cómodamente, plácidamente y consentidamente".

La portavoz del PSOE, Andrea Fernández, ha considerado inadmisible la petición de Vox de duplicar las penas con la excusa de proteger el derecho al trabajo, cuando lo que busca en realidad "es imponer su agenda reaccionaria", y ha mostrado su sorpresa por que Ciudadanos se haya alineado con los argumentos de Vox y PP.

La diputada socialista ha dicho que se trata de eliminar un precepto que criminaliza las huelgas y el sindicalismo, porque presume que una huelga es un ambiente proclive a la delincuencia.

El portavoz del PP, Jaime de Olano, ha defendido que el derecho de huelga no es ilimitado y que hay que ponderar cuál prevalece cuando entra en conflicto con el derecho al trabajo o con la libertad en general.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Pablo Cambronero, ha considerado que no es urgente ni necesaria esta derogación y  que la prioridad debería ser la creación de empleo, al tiempo que ha insistido en que la huelga es un derecho fundamental, no una obligación.

"Los piquetes a veces coaccionan, amenazan e incluso agreden", ha dicho Cambronero, que ha acusado a la extrema izquierda de querer "sustraer cuota de libertad a los individuos".

El diputado del grupo republicano, Jordi Salvador i Duch, ha dicho que no se trata de ser liberal, sino de pasar página respecto de una legislación del tardofranquismo, y ha afeado a la derecha su preocupación por la coacción de los piquetes informativos y no por la coacción empresarial contra las huelgas.

La diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, ha explicado que la tipificación del delito de coacción en el ámbito de la huelga viene de 1928, se recuperó en 1976 y se mantuvo en 1995, un anacronismo que no tiene justificación y que ha llevado a procesar a 300 sindicalistas en España a los que se les debe una disculpa.

En medio de los dos bloques que claramente se han posicionado a favor y en contra de la ley se ha situado el PNV, que ha optado por abstenerse, aunque su portavoz, Mikel Legarda, ha abogado por mantener el tipo penal específico para la coacción en el ámbito de la huelga, pero rebajando las penas a un máximo de dos años para evitar la entrada en prisión de quienes carezcan de antecedentes.

Esta enmienda del PNV, la de PDeCAT para que se promueva una ley de huelga antes de que acabe el año y las de PP y Vox para evitar la derogación han sido rechazadas por mayoría.

Fuentes de UGT han subrayado que más de 300 personas han sido procesadas por el delito tipificado en el 315.3 y que algunas fueron condenadas, aunque a día de hoy no hay nadie en la cárcel por ello.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado las movilizaciones que bajo el lema "Huelga no es delito" hicieron de la derogación de este artículo una prioridad sindical, en un momento en que en los procesos a cientos de sindicalistas se pedían condenas de cárcel "absolutamente desproporcionadas".