El Congreso de los Diputados no ha tardado en reaccionar ni una semana. Y ha preferido ponerse manos a la obra antes que ver crecer la polémica. Ayer, el secretario general de la Cámara baja, Manuel Alba, informó a los miembros de la Mesa –al término de su reunión de los martes– de que abrirá diligencias contra Alberto Dorrego de Carlos y Antonio Jiménez Díaz, los dos letrados de las Cortes que son a la vez socios del bufete del diputado del PP y ex ministro de Justicia José María Michavila, hecho que reveló Público el pasado 25 de febrero .

Alba, el jefe máximo de los cerca de mil funcionarios y demás personal administrativo del Congreso, ha dado “entre una semana y diez días” de plazo a los dos letrados para que justifiquen por escrito, mediante “un cuestionario”, que no vulneran el régimen de incompatibilidades previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes –aprobado por las Mesas de ambas Cámaras en marzo de 2006 –, confirmaron a este diario fuentes próximas al secretario general. Alba, a su vez, examinará la documentación y estipulará las sanciones, si encuentra motivo de falta, en un tiempo similar.

Dorrego y Jiménez trabajan, en paralelo a su actividad en el Congreso, en el despacho de abogados Eius. El primero es socio director del bufete; el segundo, socio del Departamento de Derecho Administrativo. Michavila está contratado como abogado of counsel (colaborador externo permanente).

Eius se ha visto relacionada con el caso Gürtel, pues medió a favor de administraciones públicas en causas judiciales. Asesoró, por ejemplo, al Ayuntamiento de Boadilla, que presidía el hoy imputado Arturo González Panero (PP). El Estatuto del Personal de las Cortes prohíbe a sus funcionarios –en el artículo 62. 1. k– “la elaboración de informes o dictámenes para las administraciones públicas”. Alba comprobará, por tanto, si estas actividades infringen la compatibilidad que en su día se reconoció a los dos letrados.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que no emprenderá ningún tipo de acción contra ningún diputado basándose sólo en lo publicado por los medios.

La preocupación por el caso de los dos letrados socios de Eius no sólo alcanzó al secretario general del Congreso, Manuel Alba, sino también a la Junta de Personal. Lo demuestra una carta remitida a Alba, firmada por Alejandro Gavilán, miembro de la Plataforma Sindical, y fechada el 25 de febrero, el día en que Público reveló la noticia.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, Gavilán “solicita información sobre los acuerdos que, en su caso, hayan podido adoptar las Mesas sobre reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada” de Alberto Dorrego y Antonio Jiménez, “incluyendo las variaciones en las condiciones de ejercicio de la actividad declarada compatible, caso de haberse producido”. Este periódico intentó contactar ayer, sin éxito, con los dos letrados y el propio Michavila.

El artículo 68 del Estatuto del Personal de las Cortes declara faltas muy graves de los funcionarios, entre otras, el “incumplimiento reiterado de las normas sobre incompatibilidades que atenten gravemente a los principios contenidos en el Estatuto”. Se castiga con hasta “seis años de suspensión de funciones o la separación del servicio”.