El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, deberá rendir cuentas a la Justicia. El alto cargo de Alberto Núñez Feijóo tendrá que declarar el viernes como imputado por haber certificado la conclusión de unas obras viarias que en realidad no habían sido acabadas. Se trata de trabajos pendientes, por valor de 800.000 euros, en Pontevedra, a los que dio el visto bueno durante su etapa como responsable de Infraestructuras de la Diputación provincial. Las obras fueron adjudicadas a una empresa constructora, a la que Hernández había estado vinculado laboralmente con anterioridad.

La citación judicial se produce a raíz de la denuncia presentada el año pasado por el PSdeG-PSOE ante la Audiencia de Pontevedra, que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dada la condición de aforado del conselleiro. En abril, el alto tribunal gallego admitió a trámite la querella y acordó incoar un sumario ante los delitos denunciados de 'falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública' de los que ahora deberá dar cuenta.

'Respetamos la autonomía judicial', se limitó a manifestar ayer un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. 'El juez no le imputa ningún delito. Simplemente ha abierto diligencias previas ante la denuncia presentada por el PSOE', insistieron las mismas fuentes.

Atrás quedan los tiempos en los que Feijóo pedía 'perdón en nombre de la política' por los supuestos actos reprochables del Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas, en la pasada legislatura.

Aunque el presidente evitó referirse ayer a la imputación de su máximo responsable deInfraestruturas, hace tan sólo unos meses, al saltar la noticia de la falsa certificación de las obras, el mandatario gallego se limitó a aseverar que no se trataba 'de la actuación más brillante' de Hernández.

Ni una sola referencia al código ético del PP, que compromete a sus militantes a 'no dedicarse a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas'. Son las mismas normas que exigen 'responsabilidades políticas cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito'.

En su descargo, Agustín Hernández justificó en su momento que constituye una 'práctica habitual' la certificación de obras que todavía no han sido rematadas 'para cumplir con el plazo para recibir una subvención'.

Es el mismo argumento empleado entonces por la Diputación de Pontevedra, feudo tradicional del PP. Según el organismo provincial, la obra se había complicado por 'problemas burocráticos' y el proceso de certificación ahora en tela de juicio fue realizado para no perder los fondos de la UE con los que se sufragaba la carretera.

Desde las filas socialistas, el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, exigió a Núñez Feijóo el cese del conselleiro imputado. 'Es intolerable que siga al frente de la consellería', aseveró. 'Los antecedentes de Hernández [que adjudicó las obras de la llamada autovía de la Costa de A Morte por un sobreprecio de casi 400 millones, según informó Público] deberían obligar al presidente de la Xunta a tomar una decisión lo más contundente posible', reclamó.

Feijóo habló mucho, en la campaña de 2009, de 'adjudicaciones amañadas con empresas amigas'.

El líder del PP gallego reclamó al Ejecutivo bipartito de Emilio Pérez Touriño que cesase a la entonces responsable de Infraestruturas, la socialista María José Caride, porque un juez había aceptado a trámite una querella del PP.

Con las elecciones, cambió el Gobierno y la actitud de Feijóo. Sólo en la provincia de Pontevedra, en Gondomar, Tui y Portas, hay al menos tres alcaldes implicados por diferentes delitos. Ni rastro de la 'regeneración democrática' tan reiterada antes por Feijóo.

Carlos Silva, alcalde de Gondomar, está condenado por prevaricación a 18 meses de cárcel y 8 de inhabilitación. Feliciano Fernández, regidor de Tui, está imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El de Portas, Roberto Vázquez, está inhabilitado por emplear empresas familiares como intermediarias para contratos públicos. Los tres continúan en sus puestos.