La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha convocado para el próximo 14 de abril el pleno para votar, por fin, la sentencia del Estatut de Catalunya.

La fecha coincide con la avanzada el pasado lunes por el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien anunció al comité ejecutivo nacional de su partido que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), del que depende el futuro del Estatut, está convocado para el 14 de este mes.

Al día siguiente, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, invitó al líder de la oposición a dar algún tipo de explicación por ello.

Si el proyecto de resolución es aprobado, el Constitucional habría logrado el objetivo de notificar la sentencia antes de que Catalunya se meta de lleno en periodo electoral ante los comicios autonómicos previstos para el próximo otoño.

La  última ponencia de Elisa Pérez Vera declara inconstitucionales 15 artículos e interpreta otros 20 más. El texto es apoyado por los cinco vocales progresistas y podría salir adelante con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, algo a lo que hasta ahora se ha mostrado reacia.

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Pero si las previsiones más optimistas se cumplen, la sentencia podría salir adelante con siete votos a favor: los de los cinco magistrados considerados progresistas más los del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y Ramón Rodríguez Arribas. Ambos forman, con el magistrado Manuel Aragón, un tercer bloque surgido en las deliberaciones del Estatut, que actúa de alguna manera de bisagra entre las dos posiciones más radicales en contra y a favor del texto impugnado.

El número de apoyos concretos con los que cuenta la ponencia de Elisa Pérez Vera actualmente habrá de determinarse en una votación prospectiva que deberá realizarse en pleno. Si la Semana Santa no ha cambiado las posiciones, se prevé que a partir del lunes se convoque la reunión plenaria en la que se realizará el trámite necesario para hacer pública la sentencia.

La experiencia anterior

En enero también se creyó estar a punto de llegar a un acuerdo sobre la sentencia del Estatut, al aceptar los magistrados progresistas las propuestas de Rodríguez Arribas. No hubo acuerdo al retirar este, Jiménez y Aragón su apoyo al texto preparado por Pérez Vera.

Después, Aragón volvió a tratar de consensuar una sentencia con los magistrados progresistas, Casas, Pérez Vera, Pascual Sala y Eugenio Gay. Ahora se intenta que el acuerdo alcanzado se extienda a Rodríguez Arribas y a Jiménez.

El texto entró en el Congreso el 5 de octubre de 2005 y culminaría su tramitación en las Cortes el 10 de mayo de 2006. El Constitucional entró en contacto con el Estatut en noviembre de 2005 cuando el PP recurrió que se tramitara como una reforma estatutaria y no como una modificación de la Constitución. Al mismo tiempo, el partido de Rajoy disparó por primera vez en lo que luego degeneraría en una guerra de recusaciones.