La empresa de telemarketing MKF, con sede en Granada y centros en Málaga y Jaén pudo haber obtenido de manera irregular “grandes sumas de dinero a través del cobro de subvenciones que han sido creadas” para contratar a personas con discapacidad. Lo afirma el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en un decreto en el que acuerda ampliar la denuncia contra la empresa y remitir las diligencias de investigación al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, que sigue la causa,  así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga, donde la citada sociedad tenía centros asociados.

La Fiscalía Superior de Andalucía ve “graves irregularidades” en la actuación de la empresa, que contrató al menos a contrató al menos a 95 discapacitados para posteriormente despedirlos y cobrar así las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para tal fin. Según García Calderón, las contrataciones “han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones”, que en ningún caso vinculó el dinero recibido con la integración laboral de las personas discapacitadas.

García Calderón aprecia infracciones penales en la actuación de la empresa, a la que achaca supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Según se desprende de la investigación realizada por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior, MKF recibió de la Junta de Andalucía más de 1,3 millones de euros en los años 2008, 2009 y 2010 en subvenciones para la contratación bonificada de discapacitados a los que, en muchos casos, ni siquiera pagó sus salarios.

El fiscal superior considera que el cobro de esas cantidades ha supuesto un “reiterado y continuo incumplimiento de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación, con carácter indefinido, de personas con discapacidad”. Por ello, García Calderón recuerda a la Consejería de Empleo su deber de mantener el “suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas”.

Ayer, CCOO, el sindicato que denunció los hechos, afirmó que el decreto de la Fiscalía es una prueba de que la empresa “estaba realizando una actividad ficticia para enriquecerse de forma ilícita”. Así lo afirmó el secretario provincial de CCOO, Ricardo Flores, quien acusó a la empresa de  “falta de escrúpulos” por utilizar a unos discapacitados para obtener subvenciones. El representante sindical recordó que la empresa incumplió la obligatoriedad de mantener los puestos de trabajo durante tres años, por lo que tendrá que devolver el dinero defraudado.