La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy el informe elaborado por el Servicio de Inspección con la incidencia de la huelga, pero los datos sólo se refieren a su primer mes (del 4 de febrero al 7 de marzo), a pesar de que concluyó oficialmente este lunes. En él se constata que los paros han tenido una gran incidencia en los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), en seis de las siete comunidades autónomas no transferidas (La Rioja) y en Ceuta. Melilla es el único territorio dependiente del Ministerio de Justicia, en el que no se secundó el paro.

El informe desglosa la incidencia por órganos judiciales, según los datos facilitados por los secretarios de Gobierno de cada tribunal. En el Supremo, las consecuencias de la huelga son distintas según cada Sala: se han dejado de señalar vistas, sólo se han tramitado causas con preso en las que vencía la pena impuesta (el 8 por ciento) y no se han repartido o proveído asuntos (423 y 1.047, respectivamente, en lo Social). El registro general del Supremo tenía 11.700 asuntos pendientes de registrar.

Riesgo en el control de presos

La Audiencia Nacional ha celebrado todos los juicios con preso hasta abril, pero su Sala de lo Contencioso ha suspendido el 95 por ciento de las actuaciones. La situación más grave la padecen los Juzgados Centrales de Instrucción, que sólo se han ocupado de las euroórdenes y extradiciones con preso. El 1 y el 6 advertían de que de prolongarse el conflicto (que ha durado un mes más del periodo estudiado) tendrían dificultades para controlar los plazos de la prisión preventiva.

En el Registro Civil Central la incidencia de la huelga se ha contabilizado en el 77,23 por ciento, al realizar sólo un 22,27 por ciento de expedientes de los habituales.

Los Juzgados de Ceuta 'se han visto muy afectados', al igual que los de Asturias, con el 100 por ciento de los juicios suspendidos en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia; en la Audiencia asturiana se han dejado de repartir asuntos, salvo los que tenían preso.

Similar situación presentan los tribunales de Baleares y Castilla y León, donde las diligencias se despachan de forma muy ralentizada.
En Castilla-La Mancha, la recepción e incoación de asuntos en la Audiencia se ha reducido un 50 por ciento, mientras que en La Rioja la incidencia ha sido mínima.

En Extremadura, el informe ve 'llamativo' el retraso de inscripciones en el Registro Civil, a pesar de estar incluidas en los servicios mínimos.