El juez Rafael Tirado, uno de los responsables de que el pederasta Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz, estuviera en la calle cuando se cometió el crimen, sólo tendrá que pagar una multa de 1.500 euros. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso por tres votos a dos ese castigo al juez que ejecutó con un retraso de dos años, dos meses y nueve días una sentencia de 21 meses de cárcel contra del Valle por abusos a su propia hija. En ese momento, el pederasta ya estaba detenido por la muerte de Mari Luz. La decisión, la última relevante del Consejo antes de su renovación, da la talla de lo que ha sido hasta ahora y parece revelar cierto corporativismo.

El proceso no se para aquí. Será el pleno del nuevo consejo, ya renovado, quien tome la decisión. Y en último caso, el Tribunal Supremo resolverá. La fiscalía tiene 30 días para recurrir y así lo va a hacer. Considera que la falta de Tirado es muy grave (acarrearía suspensión, separación de la carrera o traslado) y no grave (castigada con una multa de hasta 3.000 euros), como decidió el Consejo.

La comisión asumió los argumentos del instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Extremadura, Wenceslao Olea, que echaba la culpa del desaguisado a la carga de trabajo, la ausencia de una funcionaria y a la fiscalía por no indicar a Tirado que estaba pendiente la ejecución del fallo. Es un argumento que sitúa el peso de la ejecución en el funcionariado y no en el juez, el responsable según el artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Corresponde al Juez [...] adoptar sin dilación las medidas para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado”.

El elegido por consenso, Agustín Azparren, y los vocales designados a propuesta del PP, Carlos Ríos y Juan Pablo González, votaron a favor de la sanción de 1.500 euros. Ríos ya votó en contra de respaldar al juez Miguel Ángel Torres ante las críticas del PP tras la detención de Isabel Pantoja por el caso Malaya. También estuvo en contra de la sanción al juez Fernando Ferrín Calamita, que retrasó los trámites de adopción de una lesbiana, y de la que se le impuso a la jueza de Dénia, Laura Alabau, que se negó a casar gays.

González también se posicionó contra de la multa a Alabau y fue objeto de una querella, archivada por el Supremo, del Gobierno vasco por un artículo en La Razón en el que decía que la penetración de ETA en la sociedad “no se hubiera producido sin connivencia del Gobierno vasco”. Azparren, que había votado junto a los progresistas en otras ocasiones, es uno de los promotores de la nueva asociación Foro Judicial Independiente.

Contra la multa a Tirado, presentaron su voto particular las vocales progresistas Montserrat Comas y María Ángeles García. “Aunque efectivamente los errores, pasividades y negligencias han sido en cadena, por parte del funcionario y secretario judicial, ello no exonera [al juez], por ser el último responsable”, escribe Comas en su voto particular. “Es más –agrega– [Tirado] es el único competente para acordar el ingreso en prisión. En esta función no puede sustituirle ni la secretaria judicial ni ningún otro funcionario”. La secretaria, Juana Gálvez, tiene abierto un expediente.

“Es el último servicio prestado por los conservadores a uno de los suyos [Tirado es ex presidente de la APM]. La resolución simboliza muy bien lo que ha pasado en el CGPJ”, dijo un magistrado ayer a Público.

En noviembre de 2007, los servicios de inspección del CGPJ revisaron el juzgado de Tirado, el penal 1 de Sevilla, y no detectaron el asunto. Sin embargo, le advirtieron de que era necesario un mayor control de las ejecuciones. “La situación era lamentable. Llegó la inspección, estaba todo manga por hombro, las ejecutorias estaban sin control y no se hizo nada. No es un descuido, es un descuido contumaz, una desatención contumaz”, afirmó ayer a Público la vocal María Ángeles García. En el juzgado, las diligencias por el caso de Del Valle aparecían como pasadas al fiscal para su informe, uno de los trucos para burlar las inspecciones en los juzgados, según fuentes jurídicas. Sin embargo, el juez no podía pedir informe a la fiscalía tras acordar la prisión.

El abogado de Tirado anunció que también recurrirá la sanción porque “no acepta ni siquiera que se trate de falta grave”. Según el letrado, las responsabilidades son “un fallo colectivo en el sistema”.