La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, no sólo no paga a los farmacéuticos sino que, además, ha decidido sancionarles por el cierre patronal del pasado jueves, convocado para reclamar los 125 millones de euros que se les adeudan.

Así lo anunció ayer la propia presidenta tras el Consejo de Gobierno, que acordó iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes contra los boticarios que echaron el cierre a sus farmacias como medida de presión. 'Lo que no se puede hacer es utilizar el chantaje como forma de presión política para obtener un trato de favor respecto al resto de empresarios', señaló Cospedal. La pretensión de la Junta es considerar el cierre como una falta grave en la legislación vigente sobre farmacias, por lo que los boticarios se exponen a multas de entre 3.000 y 15.000 euros.

El Ministerio cree que el debate real es sobre la sostenibilidad de la sanidad

Asimismo, la número dos del Partido Popular culpó a su antecesor en la Junta, el socialista José María Barreda, de la actual situación, ya que dejó 'sin fondos las arcas públicas'.

Desde el Gobierno central, sin embargo, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, considera que tras los impagos de Cospedal a los farmacéuticos pueda haber 'intencionalidad política'. 'Nada de lo que sucede en este momento de situación preelectoral está exento de intencionalidad política', advirtió en la Ser. '¿Por qué el Gobierno de José María Barreda pagó todas las facturas con regularidad y el María Dolores de Cospedal ahora no puede?', se preguntó el alto cargo de Sanidad, para quien no se puede olvidar que 'en el caso de Castilla-La Mancha la presidenta es María Dolores de Cospedal, también secretaria general del PP'.

En este contexto, Martínez Olmos considera que el debate de fondo está entre los que, como el Gobierno, defienden que la sanidad pública es 'completamente sostenible', y 'quien plantea que esto no tiene solución y que la sanidad es insostenible'. Por último, señaló que si Cospedal quiere poner fin a quienes interpretan que sus impagos responden a una estrategia política 'puede sentarse, negociar y solucionar el problema'. 'Negociando se puede solucionar', dijo después a este diario Martínez Olmos. En cuanto a las soluciones, Martínez Olmos recordó que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado que las comunidades puedan obtener préstamos a bajo interés a través del ICO para pagar a los proveedores, informa Antonio González.

Las farmacéuticos quieren que sea el Estado quien les avale

Sin embargo, la solución que plantea Cospedal al problema es que los propios boticario soliciten un préstamo a entidades financieras a bajo interés, algo en lo que su Gobierno está trabajando. El problema para los boticarios es que la presidenta quiere que sean ellos mismos quienes respondan con su propio patrimonio en caso de que la Administración no pueda hacerse cargo de la deuda generada en el futuro. Este camino ya fue emprendido por la patronal murciana en mayo, pero que la mayoría de los farmacéuticos de Castilla-La Mancha se han negado a aceptarlo.

'No hay ninguna ley que obligue a un farmacéutico a arruinarse de por vida para avalar el Sistema Nacional de Salud', señaló ayer la presidenta de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), María Dolores Espinosa, justificando el cierre del jueves. La 'única solución viable', según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), es que sea el Estado quien aporte el aval que necesitan las boticas para suministrar los medicamentos. El asesor jurídico de Fefe, Juan de la Cruz, recalcó que lo que no puede ser es que el Estado y las comunidades 'inviten, pero no paguen'. 'Los farmacéuticos están regalando los medicamentos a los ciudadanos y ahora no tienen liquidez para seguir haciendo pedidos, por lo que la solución es pedir un crédito con cargo a la deuda contratante, es decir, la Administración central', explicó el jurista, obviando que las competencias en sanidad están transferidas a las autonomías.

Los boticarios advierten que el problema se puede extender

Por ello, emplazó al Ejecutivo a incluir este aval junto a las nuevas medidas de reducción del gasto farmacéutico que aprobará el Consejo de Ministros en su reunión del próximo día 19. Estas medida, entre otras cosas, obligarán a prescribir por principio activo, esto es, a consignar en las recetas tan sólo el nombre científico de un medicamento, sin especificar su marca comercial y dispensar la presentación más barata del medicamento que se trate. El ahorro estimado es de 2.400 millones de euros.

Por su parte, Fefe advirtió que la situación de Castilla-La Mancha se podrá extender 'antes de final de año' a gran parte de las autonomías y pidió a las administraciones que solucionen con urgencia los impagos y retrasos que se viven en Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia e Illes Balears. De lo contrario, aseguró, habrá nuevos cierres y desabastecimiento de medicamentos.

Además, la presidenta de la federación de Castilla-La Mancha aseguró que se plantean, como última opción, cobrar los medicamentos que vengan con receta a su precio original: 'Si todo sigue así nos planteamos considerar las recetas como cheques sin fondos, por lo que cobraremos los medicamentos y le daremos una factura al paciente para que la cobre en su servicio de salud'.

Para el presidente de Fefe, Fernando Redondo, 'si se ha llegado a esta situación no ha sido por la falta de solidaridad de los farmacéuticos, sino por la pasividad de la Administración a la hora de encontrar soluciones'. 'Llama la atención la falta de voluntad de las comunidades para aportar soluciones, planes o fechas de pago', concluyó.