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Cospedal planta al juez y no prueba el falso espionaje al PP

Esquiva un acto de conciliación al que fue citada por injurias al PSOE castellanomanchego

IÑIGO ADURIZ

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha podido demostrar las acusaciones de espionaje que vertió contra los socialistas castellanomanchegos con las "pruebas" que decía tener. Ayer plantó a la Justicia y no acudió al acto de conciliación a la que estaba convocada en Toledo para responder a la demanda por injurias y calumnias que presentó contra ella el PSOE de Castilla-La Mancha.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de la capital castellanomanchega la había citado a declarar a las 10.30 horas de la mañana. El secretario de Organización del PSOE regional, José Manuel Caballero, y la secretaria de Comunicación la esperaron en la puerta. Pero se confirmó lo que ya sospechaban los socialistas. Que la también candidata conservadora a gobernar la comunidad no tenía intención de presentarse ante el juez.

Acompañando a Caballero y en representación de los socialistas, al acto asistieron el procurador y el letrado del PSOE. Por parte de la número dos del PP, fue su abogado Alberto-Pío Durán Ruiz de Huidobro. Según el acta, este último no mostró "avenencia" y no quiso hacer "manifestación alguna" sobre el caso que se pretendía dilucidar.

La parte que propuso la conciliación, el PSOE, ratificó en cambio su acusación de injurias contra Cospedal. "No querer manifestar nada significa que ni niega ni acepta lo que dijo", recalcó Caballero en declaraciones a Público.

La polémica se remonta a la última semana del mes de enero. La número dos del PP lanzó entonces sus primeras acusaciones contra los socialistas. "Ya hay muchos de nosotros [miembros del PP], con algunos ejemplos muy significativos, a los que el PSOE les ha puesto detectives privados", aseguró Cospedal el 27 de enero. No aportó pruebas.

Su sospecha se basó en que una agencia con sedes en Madrid y Guadalajara, Detectives Almirante, había acudido a diferentes registros de la propiedad y de lo mercantil de Ciudad Real solicitando información sobre la alcaldesa del municipio, la conservadora Rosa Romero, y sobre otros dos miembros del Gobierno municipal, también del PP.

La agencia negó en todo momento su vinculación con el PSOE. Posteriormente, este diario informó de que quien contrató a los detectives fue un arquitecto, alto funcionario del consistorio, que había tenido problemas laborales con el Gobierno municipal. El PP, que redujo sus pruebas a "indicios", aseguró entonces que el funcionario tenía vínculos con los socialistas. Desde el PSOE reconocieron que el padre del arquitecto fue en las listas del partido "hace 20 años", pero también indicaron que uno de sus hermanos fue militante del PP.

La ausencia de Cospedal del acto de conciliación demuestra, en opinión de Caballero, que la número dos del PP "mintió a sabiendas que lo hacía y no le queda otra cosa que dejar la política en la que no hay espacios para los mentirosos".

El PSOE no dará el próximo paso, por lo que no presentará una querella contra la número dos del PP. "La carga de la prueba de la inocencia no la tiene que aportar el acusado de espiar", se justificó el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos. A su juicio, era Cospedal la que tenía que demostrar las acusaciones, "y no lo ha hecho".

Fuentes cercanas a la secretaria general del PP también consideraron que la decisión del PSOE de paralizar el proceso judicial demuestra que los socialistas "no tienen argumentos". Por lo tanto, dieron el capítulo por cerrado, aunque no descartaron que el PP de Ciudad Real adopte medidas al respecto, informa María Jesús Güemes desde Talavera de la Reina (Toledo).

El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, insistió en que el PSOE está detrás de todo lo que está pasando en torno a este caso y agregó que tiene un "interés electoral". La alcaldesa Rosa Romero instó al funcionario municipal que solicitó la investigación a que presente una demanda ante los juzgados "si considera que ha habido irregularidades" en su situación laboral.

El miércoles, el funcionario presentó una reclamación exigiendo una recompensa de 186.466 euros por el "acoso laboral" que asegura haber sufrido por parte de la corporación municipal. Resulta llamativo que en su escrito quede de manifiesto que, cuando exigió un reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privadas, fueran los concejales del PP quienes dieran en pleno su visto bueno a la petición y los del PSOE, quienes se abstuvieran.

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