Torrejón de Ardoz (Madrid) comparte cada vez más con Vic (Barcelona) las críticas por el modelo de empadronamiento, restrictivo con los inmigrantes. El Defensor del Pueblo, que abrió el año pasado una investigación por el caso contra con el consistorio madrileño, elevó ayer el tono de advertencia: 'La legislación vigente configura el empadronamiento como una obligación que afecta a toda persona que viva en España, con independencia de cualquier otra consideración, y de ahí se deriva un deber para los ayuntamientos'.

La institución que dirige Enrique Múgica sostiene que cualquier consistorio debe empadronar a todos los ciudadanos, sea cual sea su origen, 'sin que quepa condicionar su cumplimiento a la exigencia de requisitos' que no se contemplen en la Ley de Bases de Régimen Local, que regula el padrón municipal. Y añade: 'La finalidad del padrón es constatar el hecho en sí de la residencia y otorgar al inscrito en él la condición de vecino, y no lo es el control del ejercicio de los derechos de los residentes o de sus actuaciones en otros ámbitos jurídicos'.

El grupo municipal socialista tildó ayer de 'ilegal' e 'ineficaz' el método empleado por el municipio gobernado por el PP. 'No hay menos inmigrantes en la ciudad. Hay inmigrantes que viven en Torrejón pero no están empadronados, con la dificultad para ellos de acceder a servicios básicos, y para el Ayuntamiento de conocer realmente cuál es su población', señaló el PSOE local.

Sí apoyó al alcalde el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. 'Lo que ha hecho, dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento es que para empadronar, a efectos de defender los derechos de los inmigrantes, exige que acrediten las condiciones de ese domicilio para evitar una cosa que ha sido largamente denunciada como son los pisos patera', señaló.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz prohibe desde 2008 empadronarse a los extranjeros que entran en España con un visado de turista, y además exige que se disponga de al menos 20 metros cuadrados por persona en la vivienda indicada como residencia.

La portavoz socialista de Inmigración en la Asamblea de Madrid, María Antonia García, lamentó estas palabras, ya que suponen 'justificar un acto de lesión de derechos fundamentales, como el acceso a la educación y a la sanidad'.

La alcaldía de Torrejón no atendió ayer las llamadas telefónicas de este periódico. Un portavoz municipal señaló hace pocos días a Público que el único objetivo del consistorio es 'evitar problemas de hacinamiento'. 'En algunos casos nos hemos encontrado hasta 25 personas empadronadas en un piso de 60 metros', dijo. Y justificó que si un inmigrante llega con un visado de turista, 'es un turista' y, por lo tanto, no puede empadronarse.

'Es una tropelía' y supone un 'vómito xenófobo', aseguró ayer el coordinador general de IU en Madrid, Gregorio Gordo. Precisamente su formación denunció esta situación, en julio de 2009, y presentó una queja ante el Defensor del Pueblo.