El balance de víctimas sobre dos ruedas del anterior fin de semana -11 muertos en apenas 48 horas- desató las alarmas sobre la poca efectividad del plan aprobado por el Gobierno en diciembre de 2007 para reducir las muertes de motoristas. Sin embargo, el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) es positivo. En 2008 han muerto hasta ahora 285 usuarios de motos, 110 menos que en los primeros diez meses de 2007.
La polémica está en que los motoristas atribuyen este descenso a dos aspectos ajenos al plan: el clima poco propicio este año para conducir en moto, lo que ha reducido la circulación y por tanto los accidentes, y la crisis de ventas del sector.

El plan presentado por el Ministerio del Interior fue una reacción tajante al verano negro de 2007, cuando los accidentes de motocicletas y sus víctimas se duplicaron en apenas un año. El plan impulsó 36 medidas -16 de ellas prioritarias-, de las cuales sólo se han cumplido tres: la campaña de sensibilización, el endurecimiento del carné para motocicletas y la reforma de los guardarraíles de las autopistas.

Sin embargo, un año después de la presentación de la iniciativa, todavía no se ha comenzado, por ejemplo, a proteger las curvas de las carreteras convencionales, los lugares donde mas accidentes mortales se producen.

La crisis económica ha destrozado tanto las cuentas de los fabricantes de vehículos de dos ruedas como ha aliviado los datos de siniestralidad vial. El descenso en las ventas de motos oscila entre el 24% de caída en las scooter y el 27% en las de carretera. Hasta octubre se han vendido 50.000 motos menos que en el mismo periodo del año anterior. La bajada en las ventas interrumpió una de las medidas del plan: subir un año la edad de acceso a los ciclomotores. 'La han pospuesto, pero deberían cancelarla por contraproducente', critica Juan Manuel Reyes, presidente de la asociación Mutua Motera. Según Reyes, la medida acercaría a los jóvenes a las motos más potentes sin pasar por el ciclomotor.

'Las víctimas han bajado por dos aspectos estacionales, pero se podría hacer mucho más', matiza Reyes. En opinión de su organización -que negoció el plan con el Gobierno- las actuaciones de la DGT han sido positivas, pero a largo plazo: 'Estamos de acuerdo con que se haya endurecido el carné, aunque haya habido una debacle de suspensos'.
En su opinión, esa medida contribuye a que los conductores adquieran experiencia. Para Reyes la tarea pendiente en la formación es el cambio de la cultura de los compradores de motos deportivas: 'No se dan cuenta de que es una barbaridad. Esas motos piden velocidad y ni siquiera son cómodas para la carretera', lamenta.

Reyes se refiere a aquellos moteros que aprovechan el fin de semana para disfrutar de la moto en las carreteras secundarias siempre que el clima lo permite. Una de las claves de las 11 víctimas del pasado fin de semana fue que el sol lució en muchas partes de España, como se prevé para hoy.

El activismo de los motoristas ha encontrado una nueva causa que sumar a su ya tradicional reclamación para acabar con los peligrosos guardarraíles: el nuevo impuesto de matriculación. En la gran concentración de Madrid del pasado fin de semana se percibió la indignación de este colectivo con la modificación del impuesto sobre las motos de más de 100 caballos.

El Gobierno estableció un impuesto del 14,75% del precio de fábrica (el máximo) para todas esas motocicletas, independientemente de lo que contaminen. El Ejecutivo explicó esta modificación por motivos de Seguridad Vial, pero el director de la DGT, Pere Navarro, explicó hace dos semanas a las asociaciones de motoristas que era una medida 'puramente económica', según denuncia Juan Manuel Reyes, de Mutua Motera.La lucha por el cambio de los guardarraíles empieza a recoger sus frutos. El Ministerio de Fomento, titular de las autopistas y autovías de la red de carreteras, ya ha protegido 1.700 km de zonas peligrosas.

El departamento de Magdalena Álvarez presume de haber invertido 45 millones de euros en esta tarea, que incluye el diseño de un nuevo sistema de protección que evita el corte de las extremidades del accidentado en caso de caída. El aspecto técnico es uno de los impedimentos que obstaculiza el acuerdo entre la DGT y las diputaciones provinciales para mejorar la seguridad de las carreteras convencionales, donde más accidentes de motoristas se producen.