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La crisis marca las claves del nuevo curso escolar

Los sindicatos denuncian que la situación económica trae recortes del profesorado y que siete autonomías han disminuido su presupuesto. El Gobierno apuesta por frenar el abandono de las aulas

DIEGO BARCALA

El nuevo curso escolar, que el viernes pasado se estrenó en Navarra, llega marcado por el temor a los efectos de la crisis. Los sindicatos denuncian que los recortes presupuestarios y de personal amenazan la excelencia del sistema. Combatir el abandono escolar, impulsar el conocimiento de idiomas, digitalizar las aulas y afrontar la implantación total del Plan Bolonia son algunos de los aspectos principales que marcarán el curso.

CCOO denuncia que siete autonomías han recortado sus fondos. Como consecuencia, las plantillas de profesores se han resentido. Según cálculos de UGT, este curso habrá muchos menos profesores de los necesarios. O lo que es lo mismo, las clases estarán más masificadas. Por ejemplo, UGT estima que en Madrid debería de haber de 2.500 a 3.000 docentes más. En el País Valencià, habría 1.222 profesores menos de los necesarios; en Canarias, el déficit se calcula en 1.200 profesionales; en Catalunya, en 900 menos, y en Galicia faltarían 600 docentes.

El Ministerio de Educación ha subido su presupuesto (que apenas representa el 5% del total de los fondos públicos) un 3,2%, que invertirá en el Plan de Acción 2010-2011. La medida costará 590 millones de euros y pretende crear futuras generaciones con currículum a prueba de crisis. La UE ya ha advertido a los miembros con pocos titulados medios como España (un 15% menos de la media) que el 85% de los jóvenes deberá tener un nivel educativo equiparable a la FP de Grado Medio para obtener un empleo en la próxima década.


Se pretende que al finalizar 4º de ESO se pueda accedera FP y Bachillerato

El Ejecutivo quiere disminuir el abandono escolar. Una de las prioridades es evitar que el 30% de los jóvenes se lance al mercado laboral sin titulación. Una de las principales novedades para este curso serán los certificados oficiales para los alumnos que dejen la ESO. El objetivo es que al menos no se vayan de vacío. El texto recogido en el Plan de Acción 2010-2011 señala que el documento certificará 'lo que han permanecido escolarizados en la enseñanza obligatoria y la finalización de la misma'.

Entre estos también estarán quienes abandonan la ESO al cumplir 16 años (es decir, los que fracasan al no haber obtenido el título). El certificado se acompañará de la nota que el estudiante sacó en la evaluación de diagnóstico que hizo en 2º de ESO. El documento permitirá a los alumnos reengancharse al sistema a través de un PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), que les dará acceso a la FP de Grado Medio.


Entre los objetivos del Plan de Acción 2010-2011, se mantiene el nuevo estatuto del docente. Sin duda, la situación de excepcionalidad económica que algunas autonomías han aducido para romper acuerdos sindicales previos a la crisis no es un buen punto de partida para la negociación de este marco. El Estatuto de la Función Pública Docente debe marcar las pautas para la carrera de un profesor en cuanto a salario, traslados, promociones o jubilación. El estatuto es una vieja reclamación sindical que tiene difícil solución en un año de recortes de plantillas.


La reforma de la estructura educativa en el enlace entre la Secundaria y el Bachillerato es otra de las principales tareas políticas pendientes para el nuevo curso. El nuevo 4º de ESO bifurcado en dos caminos para que los alumnos puedan elegir entre la Formación Profesional o el Bachillerato es un escollo duro a negociar en el Parlamento entre el Gobierno y el resto de grupos políticos. A esta reforma se añade el lastre de la reforma frustrada en 2008 del Bachillerato, que pretendía que los alumnos se pudieran matricular de varias asignaturas de Primero y Segundo. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, prevé retomar la idea, lo que requerirá reformar algunos artículos de la LOE.


Los nuevos universitarios son la primera generación Bolonia

Cien de los 590 millones que Gabilondo anunció para llevar a cabo su hoja de ruta para este curso ya estaban comprometidos de antemano para el plan Escuela 2.0. Los últimos datos de Educación reflejan que 324.366 alumnos ya cuentan con un ordenador portátil. 15.009 aulas ya han sido digitalizadas y 73.201 profesores han recibido formación específica. Por cada ordenador hay una media en España de 4,5 estudiantes.


Otro de los principales consensos alcanzados durante el curso pasado por la comunidad educativa, los partidos políticos y el Gobierno fue el déficit de los alumnos españoles en conocimiento de idiomas. El Ministerio de Educación anunció para el nuevo curso un impulso significativo de los intercambios y estancias en países extranjeros de profesores y alumnos, a través del programa Comenius. Para llevarlo a cabo está previsto duplicar los 15 millones dedicados a este programa en 2010, hasta alcanzar los 32 millones en 2011.


Gabilondo, admirador del sistema laico francés, manifestó en una entrevista a este diario: 'Me gustaría que algún día hubiese un debate serio en España sobre el Estado laico'. El catedrático de Metafísica deberá esperar a que se produzca este debate, porque el Gobierno del que forma parte ha decidido aplazar la presentación de la Ley de Libertad Religiosa que, entre otros asuntos, debía zanjar el debate sobre los símbolos religiosos en la escuela pública y concertada.


El Ministerio de Educación, en su papel de regulador ante las comunidades autónomas de las normas básicas de la educación pública, acotará los abusos que algunos gobiernos autonómicos cometen, al sostener con fondos públicos colegios privados que no se ajustan a la legalidad constitucional. Es el caso de los centros que reciben dinero público para implantar un tipo de enseñanza que separa a los alumnos por su sexo. El decreto que prevé aprobar el Gobierno este curso tratará de evitar que en algunas autonomías como Cantabria o Andalucía estén prohibidos, mientras que en Madrid y el País Valencià son promovidos.


Educación prevé cerrar este año la negociación de la nueva financiación del sistema universitario. Una comisión en la que estaban representadas las comunidades autónomas, las universidades y los sindicatos presentó el curso pasado un borrador en el que se establecieron medidas para mejorar la eficacia de la gestión universitaria. Uno de los objetivos es tratar de paliar el fracaso universitario que provoca el derroche de más de 9.000 euros por alumno que suspende un curso, según los últimos cálculos del ministerio.

Educación prevé un gasto de 590 millones para mejorar el sistema


El nuevo calendario escolar y los institutos-escuela son las principales novedades que aporta al sistema educativo la Ley Catalana de Educación que entra en vigor este curso. Las clases comenzarán el 7 de septiembre, una semana antes de la fecha habitual, y acabará también una semana antes. Los institutos-escuela integran en un mismo centro a los alumnos de Primaria y a los de Secundaria. La autonomía que este nuevo marco otorga a los centros ha sido muy elogiada por el Gobierno central.


El desarrollo de los decretos de la Ley de Economía Sostenible permitirá al sistema educativo eliminar las barreras que históricamente han aislado a la Formación Profesional del Bachillerato y la Universidad. Esa es la intención del Gobierno, que cuenta con la crisis como principal aliada para elevar en la próxima década los titulados. Según desveló Educación el viernes, las matriculaciones en FP para este curso ya han subido un 6,4% (34.452 alumnos más). En total, las enseñanzas no universitarias contarán este año con 140.736 alumnos más que el curso pasado.

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