El nuevo curso se llama rescate. Acuda o no a él España, la incertidumbre sobre qué hará finalmente el Gobierno contagiará todo el clima político este otoño. Y contagiará también la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, cuya presentación está prevista para el 28 de septiembre. 

Así, apenas tres meses después de que hayan entrado en vigor las cuentas de 2012 –que prácticamente murieron en cuanto Mariano Rajoy anunció su nuevo paquete de recortes–, el Ejecutivo se encuentra embarcado en la elaboración del proyecto de ley. Para cuando llegue a finales de mes al Congreso, ya se conocerán las condiciones bajo las que el Banco Central Europeo podría comprar deuda para aliviar las tensiones en los mercados. Condiciones que está oficialmente esperando Mariano Rajoy para tomar la decisión de si acudir o no a los fondos de rescate. 

Pocos datos en firme se han filtrado por el momento de los próximos PGE, salvo que se incrementarán las partidas para atender los intereses de la deuda (en 9.114 millones de euros) y las aportaciones a la Seguridad Social (6.683 millones), y que se reducirá de nuevo de forma sustancial el presupuesto de los ministerios (un 12,2%), ya que el déficit debe bajar a finales de 2013 hasta el 4,5% del PIB. Rajoy prometió esta semana que no se incluirán nuevas subidas del IVA o del IRPF y confió en no tener que tomar 'decisiones tan difíciles' como las adoptadas en estos primeros meses de legislatura.

Pocos datos se saben de los PGE, como el recorte adicional en los ministerios

En este contexto, la actividad internacional del jefe del Ejecutivo seguirá centrada en la crisis económica y, tras entrevistarse en los últimos días de agosto con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente francés, François Hollande, la próxima semana recibirá en Madrid a la canciller alemana, Angela Merkel. En la cargada agenda exterior destaca también su primer viaje a Estados Unidos, para asistir en Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas, y el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas el 18 y el 19 de octubre. El Gobierno tiene puestas sus esperanzas en esa cita que considera clave para sentar los cimientos de la unión bancaria y fiscal europea que frene las turbulencias financieras y los ataques especulativos a economías como la española.

Pero a pesar de que la economía continuará siendo el eje de la actuación del Gabinete, que en las próximas semanas deberá también dar respuesta a las peticiones de liquidez de las comunidades autónomas, la agenda puramente política cobrará relevancia con la convocatoria de elecciones anticipadas en el País Vasco y Galicia para el 21 de octubre.

Rajoy dio ayer el pistoletazo de salida de la precampaña gallega en la tradicional reunión de los populares en Soutomaior (Pontevedra), a menos de 80 kilómetros de Santiago de Compostela, donde el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, arropaba a su candidato a la Xunta, Pachi Vázquez.

La precampaña vasca empieza con la polémica por el 'caso Uribetxeberria'

El PP aspira a revalidar su mayoría absoluta en Galicia y confía en mejorar sus resultados en Euskadi, donde la precampaña comienza marcada por la concesión de la libertad condicional al preso etarra enfermo de cáncer Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El Gobierno, que sostiene que se ha limitado a aplicar la ley y asume que tendrá que escuchar las críticas de las víctimas del terrorismo, ha reconocido además que está preocupado ante un eventual triunfo del proyecto independentista en Euskad.

En Madrid, y al margen de los presupuestos, el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa proyectos de calado, como la reforma del sector energético, que ha sacado a la luz las discrepancias entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. También está pendiente la reforma de las administraciones públicas después de que, a finales de julio, diversos ayuntamientos mostraran su malestar con los cambios previstos para las corporaciones locales y Hacienda apostara por ralentizar su debate. Junto a estos proyectos, llegarán este semestre a la Moncloa los proyectos estrella del Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como la reforma del Código Penal, la del aborto o la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).