Los curas no podrán acceder a las fichas de los pacientes

La Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) quiere que la Comunidad de Madrid limite el acceso de los Servicios de Asistencia Religiosa Hospitalaria a los datos de los pacientes. Hizo ayer la recomendación tras emitir un informe, a petición del Ministerio de Justicia, sobre la adecuación de la Ley de Protección de Datos al acuerdo renovado entre el Gobierno regional madrileño y el Obispado de Madrid, por el que los curas forman parte de los comités de bioética así como de los equipos Interdisciplinares de Cuidados Paliativos. Algo que también ocurre en hospitales andaluces y catalanes, entre otros.

En su informe, ya remitido a la Comunidad de Madrid, la agencia entiende que el acceso a datos por parte de los representantes religiosos de estos comités éticos “debe limitarse a los de quienes hubieran solicitado la asistencia religiosa del servicio”. La AEDP también pone límites a los representantes del servicio religioso integrados en los equipos de ciudados paliativos. Respecto al acceso a datos de pacientes de estos miembros, la agencia dice que “deberá limitarse a los datos necesarios para el desempeño de su función de asistencia espiritual de los pacientes o de las personas vinculados a los mismos”.

El convenio madrileño, firmado hace 11 años cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente regional, fue renovado el pasado enero por la Consejería de Sanidad que ahora dirige Juan José Güemes y que regula la asistencia religiosa en hospitales. El acuerdo establece que los miembros del servicio de asistencia “formarán parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de Cuidados Paliativos”.

Fuentes de la consejería señalaron ayer que los sacerdotes no tienen acceso a la historia de los pacientes. Y, a pesar de lo que consta en el convenio, las mismas fuentes negaron que los religiosos formen parte de las unidades de cuidados paliativos.

En un comunicado, el Servicio de Salud Madrileño explica que el acuerdo es “muy similar” al resto de los vigentes en otras regiones. Por ello, reclamó a Protección de Datos que amplíe la respuesta a todas las comunidades donde existen acuerdos de este tipo.