Por primera vez desde el año 2000, los inmigrantes están abandonando España y regresando a sus países por las dificultades que tienen para trabajar. Sin embargo, al tiempo que la bolsa de foráneos se reduce, los partidos conservadores endurecen sus discursos antiinmigración. En vísperas de las elecciones catalanas, las acusaciones que amenazan con rasgar el tejido social llegan más afiladas que nunca.

'¿No crees que Cataluña y España no pueden absorber más inmigrantes? ¿Consideras necesario que exista un mayor control de nuestras fronteras?'. Estas preguntas forman parte del cuestionario sobre la inmigración que el PP de Catalunya plantea en su página web, ajeno a que la presión migratoria de entrada se ha diluido.

SOS Racismo alerta de que el mensaje conservador amenaza la convivencia

'No los rechazan abiertamente, pero utilizan estereotipos de la sociedad y juegan con las medias palabras para evitar que se les llame racistas', describe Lorenzo Cachón, catedrático de sociología de la Universidad Complutense y ex presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 'Los políticos tienen que tener un discurso coherente y, sobre todo, claro. Si es ambiguo, la gente ve una ratificación de sus prejuicios'.

El tinte xenófobo se extiende a otras áreas como la sanidad o la justicia, donde el PP acusa al foráneo de abusar de los servicios públicos. En ambos casos, las organizaciones profesionales lo desmienten.

Hace diez días, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentaron sendos informes. La SemFYC destacó que los extranjeros acuden 4,7 veces al año al médico, frente a las 8,3 de los españoles. Cinco días después, el presidente del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, aseguró que 'es cada vez más frecuente que importantes sectores de la población inmigrada conviertan en un verdadero abuso el acceso y el derecho al uso de la sanidad'.

'El conflicto social en España ha sido mínimo', dice un catedrático de la UCM

Por su parte, el servicio de guardia de los abogados de extranjería ha reducido sus intervenciones de 30.574 a 21.267 (un 30,4%) en los nueve primeros meses de 2010 respecto al mismo periodo de 2009, según el CGAE.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado este año el uso de la justicia gratuita en los juicios rápidos y por parte de los inmigrantes. Pese a ser un derecho constitucional, Aguirre anunció recortes. Más tarde, su consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, tuvo que matizar la propuesta.

La portavoz de inmigración del PSOE en el Congreso de los Diputados, Esperança Esteve, denuncia que estos partidos 'se han adherido a la ola xenófoba de Holanda, Francia e Italia, que busca un chivo expiatorio en los más vulnerables. Están preparando el mejor caldo para la fractura social, y un daño irreparable en la base social de los barrios'.

En la misma línea se muestra el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, que advierte de que 'estos mensajes falsos están enfrentando a los vecinos y desmontando el estado del bienestar'. Además, afirma que 'esto es sólo un ensayo de los que puede venir en las elecciones autonómicas y municipales de 2011 y las generales de 2012'.

Cachón destaca que el índice de irregulares en España es 'el más bajo desde la década de 1980' y que los conflictos sociales han sido 'mínimos'. A falta de 'problemas reales', el sociólogo denuncia que se han creado polémicas artificiales como la 'ilegal' de restringir el acceso de los sin papeles al padrón municipal propuesta electoral que les vetaría derechos constitucionales como la sanidad y la educación y el debate 'vacío' que se ha producido este año sobre el burka, porque no hay ninguna mujer residente en el país que lo vista.

Los casos publicados en prensa corresponden a dos mujeres que visitaron España y una que lo llevó a la Audiencia Nacional, a pesar de no usarlo a diario. Pese a ello, el PP promovió una iniciativa en el Senado aprobada por dos votos de diferencia para pedir al Gobierno que prohíba el burka y el niqab en espacios públicos.

Otra consecuencia de la salida de miles de inmigrantes (y del cambio de hábitos de los que se quedan) fue la reducción de los nacimientos en España por primera vez desde 1998. En 2009, las mujeres extranjeras tuvieron 1,69 hijos, frente a la tasa española, de 1,33, según el Instituto Nacional de Estadística.

El descenso de llegadas se refleja en indicadores como empadronamientos, matrículas escolares, permisos de trabajo... Las autorizaciones de residencia y trabajo cayeron un 2% (98.330 personas) el segundo trimestre de este año. El padrón municipal del 1 de enero de 2010 apenas registró 60.000 más que en 2009 (la media de esta década ha sido de 500.000 anuales). Los datos del padrón caducan a los dos años de ser registrados, por lo que el descenso actual es un reflejo de 2007.