El Tribunal Constitucional tiene sus propios tiempos. El primer pleno del alto tribunal en lo que va de año en el que se retoman las deliberaciones en relación con la sentencia más esperada, el Estatut de Catalunya, comenzó ayer pasada la una de la tarde, se suspendió para comer y se reanudó por la tarde. La reunión seguirá hoy con la exposición de argumentos de los magistrados a los que no dio tiempo a intervenir, los más antiguos en el tribunal.

Tras despachar otros asuntos, entre ellos la admisión a trámite de los recursos interpuestos por el Gobierno contra los derribos de El Cabanyal y los concejos abiertos de Aragón, se inició el debate sobre el Estatut en medio de una gran expectación mediática. No era para menos. Los encuentros informales que han venido manteniendo en los últimos meses los diez magistrados que participarán en el debate del texto catalán todos menos Pablo Pérez Tremps, que fue recusado por el PP, y el fallecido Roberto García-Calvo por fin se producían en pleno, único órgano en el que se puede dictar esta sentencia.

Los magistrados Aragón y Jiménez, claves para lograr un fallo

El primer magistrado en intervenir fue Manuel Aragón. Nombrado a propuesta del Gobierno, es uno de los considerados clave para que se pueda dictar sentencia. En Semana Santa, se le suponía dispuesto a aceptar el quinto borrador redactado por Elisa Pérez Vera, que declara inconstitucionales 15 artículos e interpretaría unos 25. Sin embargo, como en noviembre votó en contra de la anterior propuesta de resolución, existen dudas de cuál será su votación final.

Los cuatro magistrados progresistas que asumen el texto presentado al Pleno son la ponente, Elisa Pérez Vera; la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala y Eugenio Gay. Que haya o no sentencia esta semana depende de si consiguen sumar un voto más, el de Aragón o el del vicepresidente, Guillermo Jiménez, el penúltimo en exponer hoy su propuesta de resolución ante sus compañeros. Casas cerrará el debate.

Si no se llega a un consenso ahora, la sentencia se retrasará meses

Lo que parece descartado es que apoye el borrador el tercer magistrado que durante las deliberaciones del Estatut se ha alineado con las tesis de los dos anteriores, formando un grupo que hace las veces de bisagra entre los progresistas y los conservadores. Se trata del magistrado Ramón Rodríguez Arribas que, según fuentes próximas al TC, el pasado enero estuvo a punto de sumarse a la sentencia propuesta por la ponente, pero finalmente se echó atrás.

En cualquier caso, si Aragón o Jiménez apoyan el texto, la sentencia podría salir adelante con el voto de calidad de la presidenta, que a estas alturas ya no tendría reparos en utilizarlo para poner fin a una situación que empieza a ser insostenible por las presiones para que el alto tribunal dicte sentencia y por la proximidad de las elecciones catalanas, previstas para otoño.

Los magistrados totalmente contrarios al quinto borrador son los conservadores Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. No existe la más mínima posibilidad de que se sumen a la propuesta presentada, porque la posición que han mantenido desde el inicio de las deliberaciones es contraria al Estatut.

Si esta semana no se llega siquiera a un consenso mínimo que permita hacer una votación prospectiva sobre la resolución propuesta, es posible que la resolución, que redefinirá el modelo autonómico y que se espera desde hace más de tres años y medio, se demore aún unos meses. Y eso con el lastre que supone que cuatro magistrados deberían haber sido renovados en diciembre de 2007 y otros cuatro habrán cumplido su mandato de nueve años en noviembre. Salvo una solución milagrosa, ambas renovaciones se solaparán en el tiempo contraviniendo la sustitución por tercios del TC prevista en la propia Constitución.

Cuando el borrador se someta a votación, se conocerá con exactitud los artículos del Estatut afectados por el filtro de constitucionalidad del TC. El preámbulo, que declara que el Parlamento de Catalunya, recogiendo la voluntad de su ciudadanía, 'ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación', se salvará, porque la doctrina del alto tribunal es no concederle valor jurídico a esta introducción.

Una de las claves estará en qué pasa con el artículo 8 que declara los símbolos nacionales de Catalunya, así como con el Poder Judicial. La norma catalana introduce modificaciones en la Administración de Justicia que sólo pueden realizarse por medio de ley orgánica.