El batallón Atlacatl del ejército de El Salvador ejecutó a sangre fría a más de 300 niños los días 11 y 12 de diciembre de 1981, en la Masacre de El Mozote, en plena guerra civil. También fueron torturados y ejecutados cerca de 400 campesinos. La noticia levantó el interés de cientos de forenses, abogados y trabajadores psicosociales. Entre ellos, el del psiquiatra Pau Pérez-Sales (Girona, 1963), que desde principios de los años ochenta hasta mediados de los noventa recorrió América Latina. En este tiempo y en años posteriores, estudió y apoyó psicológicamente a familiares de víctimas durante las exhumaciones de sus fosas comunes.

¿Cómo reaccionan las familias al abrir las tumbas colectivas?

Hay mucha emoción contenida, pero depende del tiempo transcurrido. Las matanzas de hace 20 años se suelen afrontar con serenidad porque ha habido tiempo para recolocar las emociones. Cuando son más recientes, como en Irak, hay más impacto al confrontar la muerte con el dolor. No es lo mismo encontrar un hueso que un cuerpo más o menos reconocible.

¿Se siguen practicando matanzas masivas en América Latina?

Sí, claro. Tuvieron su apogeo en los años ochenta, pero siguen ocurriendo. La diferencia es que antes las cometían los ejércitos nacionales y ahora, los paramilitares. Les hacen el trabajo sucio para que los políticos mantengan la cara democrática del país.

¿Es tarea de los gobiernos investigar las matanzas?

Sí. Y es obligación del Estado estudiar los casos de desaparecidos. Pero, por la falta de voluntad, en la mayoría de las ocasiones son las familias las que tienen que llevar la iniciativa.

Y en el caso de España…

También ocurre cuando hablamos de las fosas de la Guerra Civil. Tendría que investigarlas el Estado, pero la mayoría de las veces se toman como si fuesen simples elementos afectivos y anecdóticos y no se investigan.

¿Qué papel tienen los familiares en el proceso?

Ante la negligencia del Estado, los familiares son el motor que lleva adelante casi todo en países como Venezuela o México. Que las víctimas se constituyan en un referente ético es muy importante para la sociedad. Pero pagan un precio muy alto por ello. En Ciudad Juárez, cuando los familiares reclaman e insisten, a veces les entregan un cadáver destrozado que no es de su hija, pero la entierran con la esperanza de que otra familia haga lo mismo con la suya.

¿Decidir buscar a un familiar es el paso más duro?

Lo es tomar la decisión, pero también la excavación, la exposición pública de los restos, el reentierro y sobre todo el largo camino posterior de búsqueda de justicia cuando ello es posible.

¿Qué aportan los trabajadores psicosociales a la exhumación?

Trabajamos con los familiares, abogados y forenses. Nuestra función es preparar a la gente desde mucho antes de empezar a cavar, explicarles qué pasará si no está su familiar, si no se identifica, si tiene signos de tortura… y ver cómo afectará a su alrededor. Y a los niños, que siempre están presentes. Hay que explicarles en las escuelas qué es la violencia política, por qué enterraron a sus abuelos, qué aprendimos y cómo evitar que se repita. Algunos organismos de Perú incluso tienen materiales específicos.

¿Se puede prescindir de las exhumaciones?

No. Permiten construir la verdad frente a diferentes versiones y aportan una realidad científica. Innegable. Documentan cómo se produjo la muerte y muchas veces quién fue el perpetrador. El tipo de balas que se encuentran, los signos de tortura, las manos atadas o simples alambres ayudan a reconstruir cómo ocurrió. Alguien dijo que una masacre nunca se improvisa, que siempre hay un proceso previo. Cuando esto se desvela, llega el turno de la justicia.

¿Cuántas exhumaciones se han producido en América Latina?

Unas 1.500 en Centroamérica y Suramérica. Guatemala es el país que más ha avanzado, con unas 850 exhumaciones, pero sólo han llevado a juicio ocho. Llevan diez años trabajando en las más de 2.000 masacres que tienen documentadas en la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el Informe Guatemala Nunca Más.

¿Qué cambiará con Álvaro Colom, el nuevo presidente de Guatemala?

Su tío, ex alcalde de Guatemala, fue asesinado por los militares en 1977 y cabe pensar que tendrá una sensibilidad especial con el tema. Pero Guatemala tiene un contexto complicado porque el gobierno está subcontratando las exhumaciones a través del Programa Nacional de Reparaciones. Las sacan a concurso como si fuesen obras o edificios. Hay que ver la actitud que toma Colom.

¿Abrir las fosas es tarea de los estados o de los familiares?

El Tribunal para la ex Yugoslavia ordenó abrir las de Sbrenica (Bosnia), donde había enterradas 8.000 personas, para poder imputar por crímenes de guerra a los militares serbios. Pero luego los volvieron a enterrar juntos ante la mirada incrédula de los familiares. En el otro extremo, hay casos donde se eliminan muchas pruebas porque los ciudadanos desentierran cuerpos sin cuidado para llevarlos a los cementerios. El reto está en buscar algo intermedio porque las exhumaciones son para los familiares pero también una contribución a la verdad y a la justicia.

¿Qué más errores se están cometiendo?

Error significa asumir que es involuntario, pero muchas veces está estudiado. Los organismos de derechos humanos llevan tiempo trabajando y los Gobiernos han aprendido tácticas para destruir pruebas.

¿Qué ocurre cuando el Estado ha sido protagonista de la matanza?

En países como México, Colombia, Panamá, Perú, Guatemala o Chile, se encarga de las exhumaciones el propio Estado, que en muchas ocasiones es el perpetrador. Así repara su culpa, pero también existe un riesgo de que destruya las pruebas. En Colombia, ocurre a gran escala y hay una política institucional de destrucción de pruebas de masacres bajo la excusa de exhumar. Pero no hay ningún esfuerzo por identificar restos. Se trata de evitar que los organismos internacionales actúen en el futuro. Deberían evitar que el Estado destruya las fosas.

¿En qué países resulta más difícil investigar?

Los más complicados son Perú y Colombia. En el primero, por su presidente, Alan García, que está reconocido en la Comisión de la Verdad como uno de los perpetradores. En su primer mandato, se produjeron algunas de las grandes masacres y ahora, que ha vuelto, el Gobierno es el único que puede exhumar fosas y ha acelerado la destrucción de pruebas. En Colombia, la falta de seguridad por la guerra complica la entrada de organismos independientes.

¿Los estados tienen que pedir perdón?

Una de las medidas de reparación que suele dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que pidan perdón. Pero que el Estado lo haga no significa que las víctimas tengan que aceptarlo y pasar página. Perdonar es un derecho de la víctima, no una obligación.