La Justicia pone de nuevo cerco a la izquierda abertzale: Garzón estudia actuar contra ANV, los acusados del 18/98 han sido condenados y la Audiencia juzgará a Gestoras y UdalbiltzaUn déjà vu. Parece la palabra que mejor describe cómo es, a veces, la lucha contra el terrorismo. La que se encarga del entorno de ETA acaba de vivir un episodio digno de esa sensación de haber vivido ya algo.

Las primeras organizaciones con apariencia de legalidad contra las que la Justicia se ha pronunciado en firme, las juveniles Jarrai, Haika y Segi, siguen actuando, a pesar de que el Tribunal Supremo condenó a 6 años de cárcel a 23 de sus responsables.

Así lo ha entendido el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. El miércoles decretó el ingreso en prisión de otros ocho jóvenes, entre los que estaba el presunto responsable de Segi en San Sebastián, y hoy tomará declaración a otros siete. Desde el 30 de octubre ha enviado a la cárcel a 13 integrantes de estas organizaciones juveniles. 

Uno de los huidos de la operación de Marlaska se cree que está en ETA 

Les acusa de ataques de violencia callejera desde 2004 hasta hace unos meses, actuando en el frente de masas de ETA para generalizar el terror entre la población. Tenían anotados números de matrícula y fotos de periodistas.

Una de las encarceladas, Nahikari Otaegi, también podría estar relacionada con ETA. En su domicilio se encontró un libro trampa. Se sospecha que su novio es Aitor Mokoroa, quien como Asier Bengoa, uno de los detenidos por el asesinato el sábado pasado de dos guardias civiles, huyó a Francia y se sospecha que se integró en ETA.

En otro déjà vu, Bengoa fue condenado a siete años y medio de cárcel por la Audiencia Nacional por formar parte del aparato de captación de nuevos miembros y colaboradores de ETA. Huyó al ser excarcelado mientras se esperaba que su condena fuera firme, lo que ocurrió el pasado mes de octubre. Los encarcelados por orden de Grande-Marlaska también reclutaban miembros para Segi.

ANV

Ahora, volviendo a repetir la historia, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inspirador e instructor de los sumarios contra el entorno de ETA, tiene en sus manos la suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV). El miércoles dictó un auto en el que decía que aún no había indicios suficientes para ello, pero que estaba a la espera de nuevos informes. En el que prepara la Policía se incluirán datos extraídos de documentos intervenidos a los miembros de la actual Mesa Nacional de Batasuna en prisión desde el pasado 7 de octubre.

Para actuar contra una formación política hay dos vías: la penal, seguida por Garzón, y la ley de partidos, cuya aplicación deben instar la Fiscalía o la Abogacía del Estado ante la Sala del 61 del Supremo.

En el caso de Batasuna, el juez de la Audiencia Nacional se adelantó a la Sala Especial y suspendió las actividades de la formación en 2002. La ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna por el alto tribunal no se produjo hasta marzo de 2003. En el sumario 35/02, Garzón ha procesado a más de cuarenta personas, entre las que figuran Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez, Joseba Permach y los huidos José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, y Jon Salaberria.

La sentencia del 18/98 sentará las bases para las restantes 

Es muy probable que en el caso del partido que se niega a condenar el último atentado de ETA vuelva a ocurrir lo mismo, porque la vía penal permite declarar ilícitas sus actividades cautelarmente de una forma más ágil. De hecho el Supremo sigue todavía adelante con el proceso de ejecución de las propiedades de Batasuna que inició cuando la ilegalizó.

En octubre del año pasado, el alto tribunal ordenó entrar en las herriko tabernas e inventariar sus bienes. Pidió informes a las partes y más de un año después aún no ha concluido si pertenecen a Batasuna, requisito necesario para proceder a su embargo. En cambio, Garzón lo hizo cautelarmente en la causa en la que investiga la financiación de ETA a través de estos locales abertzales.

EKIN

Además de la ilegalización de ANV, si se comprueba su vinculación con Batasuna, el otro gran golpe previsto contra el entorno de ETA será la sentencia del macrosumario 18/98 o caso Ekin, por el que 35 personas ingresaron en prisión el pasado día 4. A otros seis se les impuso fianzas de 20.000 euros y dos comparencias semanales. El miércoles se detuvo a uno más, el ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna José Luis Elkoro, uno de los principales condenados. El tribunal considera probado que 14 acusados formaban parte de ETA como dirigentes, 17 eran miembros y 13 colaboraban. Entre ellos está Ana Lizarralde, miembro de la actual Mesa, a la que se le han impuesto 11 años de cárcel.

La sentencia, en la que trabaja la magistrada Ángela Murillo desde el pasado 14 de marzo, cuando terminó un juicio que se prolongó durante 16 meses, supone un espaldarazo a las tesis de Garzón sobre los aparatos político, internacional, financiero, social y cultural de ETA.

La condena de sus miembros y dirigentes por integración en la organización terrorista y algunos delitos financieros, como la insolvencia punible, asciende a un total de 527 años y medio de cárcel. A pesar de haber trascendido las penas que figuraban individualizamente en las órdenes de detención de 46 de los 52 acusados en el juicio, la sentencia íntegra no se conocerá hasta mediados de mes. Se calcula que tendrá unas 1.000 páginas.

GESTORAS

Ningún juicio podrá equipararse al celebrado contra los aparatos legales de ETA, en el que en principio se sentaron en el banquillo 56 personas, pero seguro que se tendrá muy presente en el próximo previsto, en el que se juzgará a Juan Mari Olano y otros 26 responsables de Gestoras pro Amnistía y de su sucesora, Askatasuna, por controlar a los presos de la banda. El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral pide para cada uno de ellos 10 años de cárcel por integración en ETA. La vista oral estaba prevista para este otoño, pero problemas de calendario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo retrasarán al año que viene.

ASKATASUNA

La rapidez con la que el entorno de ETA trata de burlar el acoso judicial, cambiándose de nombre o simplemente ignorando la suspensión de sus actividades, ha obligado al juez Garzón a abrir diligencias para evitar que queden impunes los últimos actos realizados por Askatasuna. Sus convocatorias fueron declaradas ilícitas por el magistrado en febrero de 2002, pero convocó la manifestación de San Sebastián del pasado 9 de septiembre por la que Olano volvió a la cárcel por reincidir en el delito por el que ya estaba procesado de integración en organización terrorista.

UDALBILTZA

Después le llegará el turno a la asamblea de electos de Batasuna, conocida como Udalbiltza Kursaal, con la que la formación ilegalizada trató de mantener su presencia en las instituciones y aprovecharse de subvenciones municipales.

El intento de burlar el acoso judicial obliga a abrir diligencias 

Hay 22 procesados por integración en ETA y malversación de caudales públicos. Entre ellos figuran Xabier Alegría y Miriam Campos. Ambos han sido condenados a 11 años de cárcel en el macrosumario 18/98 como miembros de ETA. El fiscal pide en sus conclusiones provisionales para los acusados penas de 10 y 15 años de cárcel, pero para sentarse en el banquillo tendrán que esperar a que se celebre el juicio de Gestoras.

EHAK

Udalbiltza, al igual que Gestoras, Jarrai o la propia Batasuna, han sido investigadas en sumarios instruidos por Baltasar Garzón. También corresponde al juez del número 5 la investigación de la querella presentada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas, en euskera), en el que hay una decena de imputados por integración o colaboración con ETA. El procedimiento está secreto.

EGUNKARIA

El único sumario contra el entorno de ETA no instruido por Garzón es el conocido con el nombre del periódico Egunkaria, clausurado por orden del juez Juan del Olmo. El fiscal no acusa al entender que el diario no fue un instrumento de ETA, pero Dignidad y Justicia y AVT piden penas de 12 y 14 años para los siete procesados, entre los que vuelve a figurar Alegría.