Ahora a las instituciones públicas las representa a veces un arqueólogo, una historiadora del arte y una arquitecta. Sucedió ayer en el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña). A la luz de la naturaleza del caso, se trataba de una cohorte casi lírica: estudiosos de diferentes maneras de hacer cultura protagonizaban la primera visita a la antigua residencia de verano Franco realizada con carácter oficial por una institución democrática. Fue la consumación de un triunfo para la Xunta de Galicia. El motivo de la expedición, que sólo fue posible después de que un auto judicial lo impusiese, era el de comprobar el estado del Pazo y los bienes allí conservados para evaluar la posibilidad de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).

De la visita, que duró cuatro horas, nada se sabe ni nada se puede saber por ahora: el auto judicial que hizo posible el ingreso de los técnicos en el Pazo prohibe la divulgación de la información en este punto de las diligencias. Ese auto, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el pasado 18 de marzo, fue el que estableció la obligatoriedad de que los Franco dejasen pasar a los técnicos de la Consellería de Cultura. Los descendientes del dictador habían venido negándose desde el año pasado. Si el recinto fuese declarado Bien de Interés Cultural, la familia Franco debería abrirlo al público cuatro días al mes.

El Pazo de Meirás fue donado a Francisco Franco en 1938 por una comisión integrada por las autoridades políticas de la zona -impuestas por el ejército tras el golpe de Estado de julio de 1936-, y por los empresarios que le resultaban más afines. Se trata de una construcción de finales del siglo XIX hecha por Emilia Pardo Bazán. La escritora había heredado los terrenos y una casa en ruinas y los convirtió en una mansión señorial que albergó, por ejemplo, la biblioteca de la autora de Los Pazos de Ulloa. Buena parte de los libros están ahora en la sede de la Real Academia Gallega, pero otra parte importante se quedó desde 1938 entre los muros del edificio, tan atrapada como la rabia de los vecinos que vieron cómo les obligaron a ceder sus tierras, o a malvenderlas, para aumentar la superficie de los jardines de la residencia de verano del dicatador y su familia.

Los descendientes, que todavía frecuentan el edificio en los veranos, pusieron todas las dificultades que tuvieron a su alcance para evitar la visita ayer. La conselleira de Cultura de la Xunta, la nacionalista Ánxela Bugallo, lamentaba ayer “el comportamiento de la familia Franco y su actitud obstruccionista” en este asunto. Y es que en la Xunta sostienen que no es una cuestión de morbo. El valor arquitectónico y la historia del Pazo, en el que la Pardo Bazán albergó a personajes como Unamuno, hacen que sea parte del inventario del patrimonio cultural de Galicia. Y la Xunta, y también el Ayuntamiento de Sada, quieren poner en valor ese patrimonio. Para ello es necesaria la declaración de Bien de Interés Cultural. Lamentaba ayer, Bugallo, “la judicialización de una diligencia administrativa habitual”. 

A los técnicos de la Xunta los recibió el abogado de los Franco en la mañana de lluvia de la Galicia de ayer. Se adentraron en el coche en el que habían llegado sin que hubiese lugar para la foto y se pasaron cuatro horas dentro del recinto. Se trataba de los mismos técnicos  que en el mes de agosto se acercaron para practicar la misma diligencia. En aquella ocasión, los Franco no les dejaron pasar. Finalmente, la democracia atravesó ayer los muros del Pazo de Meirás encaramada en la mirada de una arquitecta, una historiadora del arte, y un arqueólogo.