La Policía Nacional ha detenido a 93 personas en Tarragona, Reus y Barcelona presuntamente implicadas en la falsificación de certificados médicos que eran utilizados por inmigrantes para regularizar su situación administrativa en España por la vía del 'arraigo social'.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que los compradores extranjeros en situación irregular pagaban entre 200 y 3.000 euros por cada certificado falso.

Entre el casi centenar de detenidos, diez de ellos eran los responsables de la red y tenían asignadas distintas funciones de captación, falsificación y entrega de documentos, y el resto son inmigrantes que utilizaron sus servicios. Entre éstos se encuentra un médico detenido en Barcelona que trabajaba en distintos centros sanitarios y se encargaba de hacer pasar como 'oficial' el parte médico falso.

La investigación se inició el pasado verano tras detectarse la falsedad de un parte médico de un hombre de nacionalidad marroquí que había pedido una autorización de residencia por 'circunstancias excepcionales', según las mismas fuentes. Los agentes descubrieron que esta petición de arraigo, basada en papeles médicos para justificar una estancia en España superior a la que exige la ley, se repetía en un centenar de casos.

Los diez integrantes de la red detenidos, la mayoría de países del norte de África, se repartían las funciones: mientras unos captaban clientes, otros realizaban las falsificaciones y el resto entregaba los documentos a cambio del dinero.

Actuaban principalmente en Reus, cerca de la estación de autobuses, de un centro comercial y de una mezquita.Los estafadores aseguraban a sus clientes que su situación quedaría regularizada con un parte médico 'de asistencia legal' firmado por un médico de Barcelona .Las víctimas compraban el parte convencidas de que este documento avalaría una estancia en España anterior a su llegada real y les permitiría regularizar su situación.

El resto de acusados son inmigrantes en situación irregular que habían presentado los papeles falsos en la subdelegación del Gobierno de Tarragona. La investigación continúa abierta y no se descarta que haya más detenidos en otras ciudades españolas.