Los ciudadanos del País Valencià se encontraron ayer con el enésimo caso de presunta corrupción de dirigentes del PP autonómico. El director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, fue detenido por participar, presuntamente, en una trama de desvío de dinero público que debía ir a parar a cooperación internacional, pero acabó invertido en dos inmuebles en Valencia, entre otros destinos inadecuados. Felip fue destituido en la tarde de ayer por el presidente autonómico, Alberto Fabra. La misma suerte corrió otro alto cargo imputado en la misma operación, el subsecretario de la Conselleria de Sanitat, Alexandre Catalá.

El número total de detenidos se elevaba anoche a una docena, e incluyó a dirigentes de fundaciones ligadas a la cooperación, así como funcionarios de la Administración autonómica. La instrucción ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, y actualmente está en manos del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha decretado el secreto de sumario. Se investigan los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros. La operación incluyó ayer el registro de algunas dependencias de la Administración autonómica.

El dinero que debía ir a Nicaragua se habría gastado en comprar dos pisos

Tanto Felip como Català ejercieron sus responsabilidades en la extinta Conselleria de Solidaritat durante la legislatura anterior el periodo en el que ocurrieron los presuntos hechos delictivos. Felip era, de hecho, el hombre de confianza del conseller del ramo, Rafael Blasco, que actualmente es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes.

La investigación se inició hace un año y medio, cuando el PSOE y el grupo Compromís presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia. La diputada responsable de la denuncia de Compromís, Mireia Mollà, recordó ayer que las pruebas aportadas eran 'claras y contundentes'. Mollà puso en manos de la Justicia documentos que probarían que varias subvenciones destinadas a cooperación fueron a parar a una fundación dirigida por un amigo de Rafael Blasco. El dinero desviado fue de al menos dos millones de euros, según la formación política.

La fundación presuntamente beneficiada fue Entre Pueblos, ahora llamada Hemisferio, y su director es Arturo Tauroni, otro de los detenidos en el día de ayer, según Europa Press. Hemisferio recibió información privilegiada de la Conselleria de Solidaritat sobre los requisitos para conseguir las subvenciones, e incluso tuvo acceso a proyectos firmados por otras ONG, que tuvo la oportunidad de copiar. Mollà aportó a la Fiscalía correos electrónicos que prueban este tráfico de datos procedentes de la Administración y con destino a la fundación.

Para conseguir las subvenciones, la fundación recurría a otras ONG que actuaban de pantalla. Hemisferio conseguía el dinero público a través de sus contactos en la conselleria, y después las ONG gastaban el dinero recibido en contratar los servicios de las empresas que formaban parte del patronato de la fundación. Según Mollà, 'hay dudas de que los trabajos encargados llegaran a hacerse'. No obstante, la diputada afirma que las empresas cobraron puntualmente. Se dio la circunstancia, explica, de que una de estas sociedades cobró por evaluar el proyecto cuando este ni siquiera se había iniciado.

La investigación se extiende a otras subvenciones de la misma conselleria. En concreto, a 1,7 millones que fueron a parar a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (CYES), cuyo director, Marcial López, se cuenta también entre los detenidos de la jornada de ayer. En otoño de 2010, la diputada del PSOE Clara Tirado puso en manos de la Fiscalía documentación que probaría que más de 800.000 euros que recibieron de la conselleria fue a parar a dos inmuebles en Valencia en los que la fundación instaló su sede, acompañados de plaza de garaje. En torno a 400.000 euros fueron invertidos en una empresa de consultoría. Según el PSOE, sólo 50.000 euros llegaron a Nicaragua, el lugar al que el dinero estaba destinado.

Otra fundación bajo sospecha recibió una colecta ciudadana para Haití

Otro de los escándalos mediáticos protagonizados por la Conselleria de Solidaritat fue el referido a un hospital en Haití, cuya construcción fue anunciada por parte de la Generalitat poco después del terremoto que asoló el país. El departamento dirigido por Blasco puso en marcha una colecta telefónica entre los ciudadanos valencianos. Pero, según relata Mollà, el dinero recogido acabó en manos de la Fundación Hemisferio. Cuando Compromís denunció el destino que habían sufrido las aportaciones, se cambió la ONG beneficiaria del proyecto del hospital. De momento, el centro sanitario no se ha construido.

Además de los ya citados, según Europa Press, los detenidos en el día de ayer fueron César Augusto Tauroni, hermano del director de la fundación Hemisferio; Marc Llinares Picó, destinado en la Conselleria de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; y Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni.

Como máximo responsable político de la extinta Conselleria de Solidaritat, Rafael Blasco compareció ayer ante la prensa para dar explicaciones sobre las detenciones. Visiblemente nervioso, señaló que los expedientes investigados fueron 'tramitados conforme a la ley': 'Han tenido los controles de la Administración autonómica, han sido entregados a la oposición, a los medios de comunicación y nadie ha abierto diligencias al respecto'. Recordó que él sólo puede ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia, ya que es aforado, y afirmó que el fiscal de este organismo emitió un decreto en el que lo exculpó de responsabilidades.

El actual portavoz parlamentario del PP arremetió contra varios periodistas, a los que acusó de 'mentir', y también contra la oposición, de la que aseguró que intenta camuflar con denuncias sus derrotas electorales. 'Hace ya tiempo que está instalada en una clara campaña de agitación y propaganda, con muy poco respeto por las reglas democráticas, sin atender la presunción de inocencia', se quejó el exconseller.