La Guardia Civil detuvo ayer en Barcelona a tres ginecólogos, dos psiquiatras y dos anestesistas relacionados con la red de abortos ilegales destapada en la ciudad condal a finales de noviembre. Los médicos fueron sorprendidos a primera hora de la mañana mientras se encontraban en su puesto de trabajo o en la vía pública, a raíz de las pruebas aportadas por la documentación que se requisó en los registros de cuatro clínicas ginecológicas de Barcelona en las que, al parecer, se practicaban abortos ilegales. En el plazo de 72 horas, pasarán a disposición judicial. Carlos Morín, máximo responsable de los centros, y dos colaboradoras suyas (su esposa, María Luisa D. S., y la trabajadora María Virtudes S. V.) permanecen en prisión desde el 30 de noviembre, mientras que otros tres detenidos en los registros fueron puestos en libertad bajo fianza.

A los siete detenidos en esta segunda fase de la investigación se les acusa de asociación ilícita, de practicar abortos ilegales, de falsificación de documentos y de intrusismo. Permanecerán en los calabozos de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia hasta que sean entregados a la juez del Juzgado número 33 de Barcelona.

Informes falseados

Los dos psiquiatras detenidos presuntamente firmaban informes médicos sin haber visitado a las pacientes. De esta manera legalizaban la situación para que mujeres en estado de gestación más avanzado del que permite en principio la ley, pudieran abortar alegando peligro para la salud mental de la madre.

Los tres ginecólogos están acusados de firmar el segundo informe médico que exige la ley para justificar la intervención de un embarazo de riesgo más allá de las 24 semanas de gestación. Al parecer, los tres eran colaboradores externos de los centros investigados, puesto que la ley requiere que un ginecólogo externo ratifique el primer pronóstico.
A los anestesistas detenidos se les acusa de haber intervenido en las propias operaciones, es decir, de un delito de intrusismo, y de haber falsificado algunos de los informes posteriores a las intervenciones.

Un psiquiatra de prisiones

Según fuentes cercanas a la investigación, uno de los detenidos trabajaba a tiempo parcial en el servicio psiquiátrico de la cárcel de Can Brians, cerca de Barcelona. La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, reconoció ayer que el detenido 'hacía guardias esporádicas', contratado por un consorcio hospitalario. Tura indicó que la conselleria no ha intervenido mientras ha durado la investigación policial para no entorpecerla. En cuanto ha sido detenido, eso sí, se le ha abierto un expediente. Si por fin acaba siendo condenado, la Generalitat 'tomará las medidas que correspondan'.

La operación policial sigue abierta y, aunque ayer no se preveían más detenciones, en los próximos días, en función de las pruebas que se vayan recogiendo y de las declaraciones de los últimos sospechosos, sí podría detenerse a más personas involucradas en la trama.

EL PRECEDENTE 

Una cámara oculta  destapó la trama de Carlos Morín

denuncia en la tv danesa
Hace más de un año, un programa de la televisión danesa envió a una periodista a una clínica del doctor Morín, en Barcelona, haciéndose pasar por una embarazada de más de 30 semanas que pretendía abortar. Morín, filmado por una cámara oculta, le aseguraba que no habría ningún problema.

denuncia de e-cristians
Una querella de la organización católica E-cristians prendió la mecha de la investigación. Una ex empleada de las clínicas, que figuró como testigo protegido, aportó datos cruciales.

registros en barcelona
A finales de noviembre, la Guardia Civil y la Guàrdia Urbana registraron cuatro clínicas de la zona alta de Barcelona, donde presuntamente se practicaban abortos ilegales. Los centros registrados el 26 de noviembre eran Ginemedex, E.M.E.C.E., Barnamedics y TCB.

faltas administrativas
Todas estas clínicas ya habían sido investigadas por la Conselleria de Salut un año atrás pero sólo se detectaron faltas administrativas y se les impuso una multa.

seis detenidos
La primera fase de la operación policial se cerró con la detención de Carlos Morín, principal responsable de las clínicas implicadas, su esposa, y otra trabajadora, que ingresaron en prisión, y tres trabajadores más, que salieron en libertad bajo fianzas de entre 2.000 y 4.000 euros.