Público
Público

Dimite el edil del PP de La Línea imputado por soborno

ALICIA GUTIÉRREZ

Tras un mes sin pasaporte y con las cuentas bloqueadas bajo sospecha de soborno, el concejal de Urbanismo de La Línea de la Concepción (Cádiz), Carlos Ruiz Calama, del PP, dimitió ayer para 'dedicarse a sus empresas familiares y a la preparación de su defensa'. Calama está imputado junto con el alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precio en subasta pública. Ambos proceden del GIL.

La dimisión llega un día después de que Javier Arenas, presidente del PP andaluz, protagonizara un acto electoral en Algeciras al que, de modo inédito, no asistió Juárez ni ninguno de sus ediles. El portavoz municipal del PSOE, Miguel Tornay, exigió ayer a Arenas la cabeza de Juárez y lo exhortó a no seguir siendo 'cómplice' de la situación 'con su silencio'.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2005, cuando el Ayuntamiento de La Línea adjudicó por 12 millones a la sociedad Roseworld SL 2,2 hectáreas de suelo municipal pese a existir otra oferta mejor. Roseworld ni siquiera estaba dada de alta.

Entre 2005 y 2006, Roseworld, cuyo administrador, Anil Thakurdas, está igualmente imputado, pagó a Calama 2,89 millones de euros, y ahí radica el quid de la cuestión. El propio edil, que en esas fechas era gerente de Urbanismo, admitió ante la juez la recepción de esos cobros, pero los atribuyó al pago de una finca privada que había vendido a Thakurdas.

La juez no se lo creyó. Y embargó las cuentas del concejal en la convicción de que la supuesta venta, que jamás llegó a elevarse a pública, no era sino un disfraz para esconder el soborno a cambio de obtener las parcelas municipales.

1,3 millones en 11 días

En su intento de evadir la acusación de corrupción, Calama ofrecía a la juez una rocambolesca explicación: aportó una serie de documentos que lo presentaban como autor de un pelotazo de 1,3 millones de euros. Supuestamente, había obtenido esa ganancia al vender por 1,79 millones de euros una finca rústica imposible de recalificar y por la que sólo once días antes había pagado 360.000 euros.

Estupefacta ante la idea de Thakurdas hubiese desistido de escriturar la finca a su nombre después de desembolsar tal cantidad, la juez siguió sin creer al concejal. Confirmó el embargo de cuentas por dos millones tras admitir que Calama había cobrado sólo eso y no los tres millones originalmente bloqueados, ratificó la retirada de pasaportes para el edil y su jefe el alcalde y se ocupó de precisar que ninguno de los dos puede salir de España. Es decir, no pueden ni cruzar la verja de Gibraltar.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias