Se les veía el plumero: la defensa de los acusados en el caso Gürtel, representados de facto por el abogado y ex fiscal Ignacio Peláez, buscan desesperadamente cargarse a las dos fiscales que han investigado la trama de corrupción. Concha Sabadell y Myriam Segura están en esta causa desde su misma gestación, que se remonta al año 2008, y por tanto, son piezas insustituibles para el instructor, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Y a nadie se le escapa su relevancia ante el nuevo caso Camps, reabierto recientemente por el Tribunal Supremo.

Peláez ya había solicitado en su querella por presunta prevaricación contra Baltasar Garzón, a raíz de las grabaciones de conversaciones en prisión entre los acusados y algunos abogados imputados, la declaración de ambas fiscales en calidad de testigos. Pero el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, después de interrogar a Garzón, en lugar de embestir a lo Varela, solicitó a las partes que se pronunciasen sobre lo que ha de hacerse conforme a Derecho, dando un plazo que vencía esta semana.

Hay una maniobra de la defensa para 'cargarse' a las dos fiscales

En su declaración, Garzón explicó que había sopesado los valores constitucionales en liza y finalmente accedió a la petición de la policía de grabar esas conversaciones para desbaratar el blanqueo de capitales que los acusados preparaban en prisión con la ayuda de algunos abogados imputados. Si bien había invocado en su resolución la Ley Orgánica General Penitenciaria, artículo 51.2, dirigida a los presos por terrorismo, al cursar las órdenes, explicó Garzón, finalmente había citado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 579.3, según la cual 'el juez podrá acordar, en resolución motivada, la observación de las comunicaciones telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos'.

¿Supone la pausa del juez Barreiro tras la declaración de Garzón un indicio de que no advierte delito en las instrucciones del magistrado? Es una posibilidad, pero da toda la impresión de que así se lo temen las defensas de los acusados. De ahí la bomba: acusar de prevaricación a las dos fiscales.

Concha Sabadell y Myriam Segura investigan el caso desde su gestación

No se comprende cómo podían ambas prevaricar si no estaba en su mano, ya no digamos dictar una resolución injusta a sabiendas sino simplemente dictar una resolución a secas. No es, como sabe Peláez, función de los fiscales hacerlo. Pero sostiene el ex fiscal que ellas 'facilitaron, colaboraron, permitieron y consintieron que el instructor querellado, el juez Garzón, pudiera tomar las decisiones ilegales ya reseñadas anteriormente, tanto en este escrito, como en el de la querella inicial'. ¿Pruebas? Está chupado: recortes de prensa 'en los que se expresaba claramente que las intervenciones de las comunicaciones se habían realizado por el querellado, señor Garzón, a petición, a instancias o por inducción del ministerio fiscal'.

Los hechos: las dos fiscales no indujeron las intervenciones sino que incluso carecieron de oportunidad de informar sobre las grabaciones antes de que éstas se materializaran porque el juez no solicitó dicho dictamen. Eso sí: se preocuparon por advertir al juez instructor de que se debían separar de las grabaciones todo lo que podía afectar al derecho de defensa.