Rechazar expresiones machistas y vejatorias, las que inciten a la violencia o la humillación, las insinuaciones de que las protagonistas podrían ser menores de edad y eliminar las fotos reales. Esto es a lo único a lo que se compromete la Asociación de Editores de Periódicos Españoles (Aede) en su nuevo código de autorregulación sobre anuncios de contactos. Eso sí, no se habla de eliminar este tipo de publicidad. Aede rechaza también cualquier control externo porque, a su juicio, la 'censura previa' sobre estos anuncios vulneraría 'la libertad de expresión de los anunciantes' y 'la libertad publicitaria de empresas y personas'.

La Aede reitera así su rechazo a la intención del extinguido Ministerio de Igualdad de erradicar estos anuncios, un negocio que genera 40 millones de euros al año para la prensa y tras el que suelen esconderse redes de trata. 'No defienden un interés ético ni la libertad de prensa, sino el interés del mercado de la prostitución, que es uno de los que más dinero mueve en el mundo debido al tráfico de personas', denunció ayer Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

'Renunciar a parte de sus ingresos publicitarios dificultaría gravemente la viabilidad de cualquier periódico', reconoce Aede en su documento. Pero 'la actividad que se publicita en esas páginas es legal y a cada periódico le asiste la libertad de decidir qué contenidos sobre actividades lícitas incluye en sus páginas', justifica. Además, se compromete a colaborar con la Justicia.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, también lamentó ayer esta decisión, 'con la que los editores se vuelven cómplices de las mafias que esclavizan a las mujeres'. Y es que la autorregulación, que fue la primera vía propuesta por el Gobierno, nunca ha tenido éxito.

Aunque Público renunció a esta fuente de ingresos desde su nacimiento y otros medios se unieron después a su postura, muchas cabeceras aún continúan haciendo caja con los anuncios de relax. Además, la reforma legal para erradicarlos es, pese al consenso parlamentario, una de las que se ha quedado sin aprobar debido al adelanto electoral.